Un arranque en falso

A principios del siglo XXI, Honduras se enfrentaba a enormes retos de desarrollo. En el año 2000, el PIB per cápita (en valores constantes de 2015) era de USD 1,800, y Honduras tenía la tasa de pobreza extrema más alta de Centroamérica, con un 27 % de la población por debajo del umbral de referencia del Banco Mundial de USD 3.00 al día (en paridad de poder adquisitivo [PPA] de 2021), en comparación con menos del 15 % en otros países de la región. Honduras también tenía la segunda peor distribución de ingresos de la región, con un coeficiente de Gini de 0.55, en comparación con aproximadamente 0.50 en El Salvador y Nicaragua, y 0.47 en Costa Rica. El único en presentar una mayor desigualdad fue Guatemala (0.60). Del mismo modo, en el Índice de Competitividad de 1998 del Foro Económico Mundial (FEM), Honduras ocupó el puesto 52 de los 59 países estudiados, por detrás de Nicaragua (48), El Salvador (47), Guatemala (43) y Costa Rica (29). Estos pobres resultados tuvieron su origen en el débil crecimiento económico de las décadas anteriores. En la década de los ochenta, el crecimiento de Honduras fue de apenas un 2.5 % anual, aumentando ligeramente hasta 3.0 % en la década de los noventa, y apenas por encima de la tasa de crecimiento de la población.

No obstante, crecía el optimismo sobre el potencial del país. La Agenda para el desarrollo sostenible y la competitividad en el siglo XXI, publicada en el año 2000 por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) y la Fundación para la Inversión y el Desarrollo de las Exportaciones (FIDE), preveía ambiciosas transformaciones (Walker y Medina Oviedo 2000). Se proyectaba un crecimiento anual del PIB del 5 %, respaldado por una tasa de inversión total del 30 % del PIB y un mayor enfoque en las industrias menos intensivas en capital para generar más empleos. También se estimaba que, para el año 2020, un crecimiento sostenido e inclusivo podría reducir la tasa de pobreza extrema en un 80 % y mejorar considerablemente los indicadores de salud y educación. Este dinamismo se vería respaldado por un proceso sistemático de modernización del Estado que eliminaría los obstáculos administrativos a la inversión; separaría la planificación, la regulación y las operaciones en las entidades estatales; despolitizaría el sistema judicial; crearía registros de propiedad transparentes basados en coordenadas espaciales reales; descentralizaría la administración pública; e institucionalizaría los procesos consultivos participativos.

Esta visión no era en absoluto descabellada. Las reformas, introducidas por el Gobierno de Callejas en la década de los noventa y mantenidas durante los gobiernos de Reina, Flores y Maduro, finalmente estaban dando resultados. Esas reformas seguían las recomendaciones del llamado «Consenso de Washington.» A mediados de los noventa, se restableció la estabilidad macroeconómica y se introdujeron una serie de reformas modernizadoras. Su objetivo era sustituir la agotada estrategia de «sustitución de importaciones» de las décadas de 1960 y 1970 por una estrategia orientada a la exportación, respaldada por el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA) con Estados Unidos. Se redujo la protección arancelaria para las industrias centradas en el mercado interno y un tipo de cambio más competitivo aumentó la rentabilidad de la producción de bienes comercializables. Esto se vio reforzado por incentivos fiscales y otros privilegios para las inversiones en «zonas francas», como el libre uso de divisas por parte de las empresas exportadoras.

Durante la primera década del siglo XXI, las actividades orientadas a la exportación —como el sector maquilador del Valle de Sula, que incluye la confección de prendas de vestir y el ensamblaje de productos electrónicos— y la agricultura no tradicional representaban una parte cada vez mayor de la producción y el empleo. El crecimiento impulsado por las exportaciones también fortaleció la balanza de pagos, lo que contribuyó a proteger al país de la escasez periódica de divisas que había caracterizado a la economía antes de 1990, generando la crisis de la deuda de 1988. En 2005, la mejora de la gestión económica se vio recompensada con la inclusión de Honduras en la Iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados (PPME). Esta iniciativa eliminó 1,500 millones de dólares de la deuda pública externa y redujo la carga de la deuda del país de alrededor del 100 % del PIB a poco más del 20 %, lo que creó el espacio fiscal para ampliar la infraestructura y los programas sociales. También se aprobaron nuevos programas de ayuda externa, como la subvención de 225 millones de dólares de la Corporación Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés) para apoyar la mejora de las carreteras y el desarrollo comercial de la agricultura.

Sin embargo, a pesar de ese buen comienzo, el desarrollo económico y social en el siglo XXI ha sido desalentador. Honduras sigue estando por detrás de sus competidores regionales, tanto en crecimiento económico como en progreso social. El PIB per cápita sigue siendo uno de los más bajos de la región, con solo USD 2,600 (en valores constantes de 2015). Esto, a su vez, refleja un continuo desafío con la calidad del entorno empresarial. En el Índice de Competitividad 2019 del Foro Económico Mundial,¹ Honduras ocupó el puesto 101 de 141 países, por detrás de Guatemala (98) y Costa Rica (62). En 2023 seguía siendo el país con la clasificación más baja de Centroamérica en los indicadores claves de gobernanza supervisados por el Banco Mundial, entre los que se incluyen el control de la corrupción, el estado de derecho, la eficacia del gobierno y la calidad de la regulación.

Los indicadores de pobreza y progreso social muestran una situación igualmente desoladora. La pobreza extrema (según el umbral estandarizado del Banco Mundial de USD 3.00 al día) se redujo a la mitad entre 1996 y 2008, pero desde entonces se ha estancado en torno al 17 % de la población. Ningún otro país de la región tiene una pobreza extrema superior al 10 % (Figura 1). La distribución de los ingresos también continúa siendo crítica. El coeficiente de Gini se situó en 0.47 en 2023, todavía entre los peores de la región. Los datos de las encuestas de hogares muestran que los dos deciles más pobres obtienen solamente el 2 % de los ingresos totales, mientras que el decil más rico recibe el 36 % (Figura 2)². Honduras también ocupa un lugar bajo, el puesto 132, en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Crecimiento económico: dos décadas decepcionantes

Sin duda, los decepcionantes resultados en materia de desarrollo del primer cuarto del siglo XXI tienen su origen en un patrón de crecimiento económico lento. Desde una perspectiva positiva, entre 2002 y 2023,³ la fuerza laboral creció rápidamente, con un promedio anual de 2.5 %, debido al crecimiento constante de la población (2.1 %) y a la fuerte caída de la tasa de dependencia, ya que Honduras comenzó a disfrutar de los beneficios de la transición demográfica (Tabla 1). Del mismo modo, el empleo total (incluido el autoempleo) creció a una media anual del 2.4 %. El fuerte crecimiento de la población económicamente activa (PEA) entre 2002 y 2019 se produjo a pesar de la acelerada migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, después de 2019, este impulso demográfico positivo se perdió. La fuerza laboral comenzó a reducirse, debido a la continua salida migratoria y a la rápida caída de la tasa de participación laboral. Entre 2019 y 2023, la proporción económicamente activa de la población disminuyó drásticamente, pasando del 66.2 % al 59.3 % (Tabla 1).

A pesar del fuerte crecimiento de la población activa durante la mayor parte del período, el crecimiento del PIB per cápita entre 2002 y 2023 fue, en promedio, de un reducido 1.61 % anual. Detrás de este panorama decepcionante se esconden tres fases distintas. Entre 2002 y 2008, el crecimiento del PIB per cápita fue, en promedio, de un impresionante 3.13 % anual. Dado que la población crecía a un ritmo cercano al 3 % anual, el crecimiento económico total fue, en promedio, cercano al 6 % (no se incluye en la tabla). Este resultado positivo se debió principalmente a la productividad laboral. La producción por trabajador creció un 3.1 % anual, a razón de que más trabajadores obtuvieron empleos relativamente productivos en el sector formal de la economía (Tabla 2).

Sin embargo, entre 2008 y 2023, una serie de crisis y obstáculos minaron el dinamismo de la economía. Algunas fueron exógenas, como la crisis financiera mundial de 2008, la pandemia del COVID-19 de 2020 y los dos huracanes Eta e Iota, que azotaron la costa norte en 2020. Otras fueron endógenas, como la crisis política que se remonta a 2009 y que aún no se ha resuelto. La tasa de crecimiento anual del PIB per cápita cayó a 1.08 % entre 2008 y 2019, y en el período 2019-2023, bajo el impacto de la crisis del COVID-19 y los dos huracanes, cayó aún más, hasta llegar a 0.81 % (Tabla 2).

Estos cambios en los patrones del crecimiento económico y sus factores subyacentes se pueden observar claramente en un ejercicio de «contabilidad del crecimiento» realizado para este estudio (Figura 3).⁴ El análisis separa los componentes del crecimiento del PIB en las contribuciones del aumento de la oferta de mano de obra (L), las mejoras en la calidad de la mano de obra (capital humano, H), la acumulación de capital físico (K) y el residuo de la productividad total de los factores (PTF). La PTF estima la diferencia entre el crecimiento real observado y el crecimiento esperado, dado el cambio en los insumos de mano de obra, capital humano y capital físico. Se entiende mejor como la variación en la producción, que no puede explicarse directamente por los cambios en la cantidad de insumos de factores y que, por lo tanto, es atribuible a los cambios (que pueden ser tanto positivos como negativos) en la productividad combinada de esos insumos.⁵

El análisis muestra que, en la década los ochenta, el crecimiento de Honduras fue, en promedio, de 2.6 % anual. Esto se debió principalmente al crecimiento de la fuerza laboral y a la mejora del capital humano (2.2 % y 0.2 %, respectivamente). El crecimiento del acervo de capital contribuyó con apenas un 0.6 % anual. La inversión en este período se vio afectada por la crisis de la deuda externa, la sobrevaluación del tipo de cambio y la pérdida de impulso de la estrategia de sustitución de importaciones, que se mantuvo en vigor. Peor aún, la contribución de la PTF en esa década fue negativa (-0.4 % anual).

En la década de los noventa, a medida que las reformas del Gobierno de Callejas surtieron efecto, la situación comenzó a mejorar. La tasa de crecimiento aumentó hasta aproximadamente el 2.8 % anual, debido al acelerado crecimiento de la fuerza laboral (que contribuyó con un 3.5 % anual) y a la inversión de capital (1.4 %). Sin embargo, la contribución de la PTF se volvió aún más negativa (-2.1 %), lo que probablemente reflejaba un desajuste entre el rápido crecimiento de la población económicamente activa y el aumento más lento del acervo de capital. Muchos de los trabajadores que se incorporaron a la fuerza laboral en este período (impulsados por el crecimiento demográfico) no pudieron encontrar empleos bien remunerados, porque la inversión de capital y el crecimiento de las empresas se quedaron rezagados. Así, a pesar de tener un nivel educativo superior al de la generación anterior, muchos de ellos terminaron realizando trabajos informales de baja productividad, o trabajando por cuenta propia (autónomos), haciendo algo similar a lo que realizaban sus padres.

El patrón de crecimiento mejoró mucho más entre 2002 y 2008, cuando el crecimiento total de la producción alcanzó una impresionante media de 5.4 %. Aunque el impulso del crecimiento de la fuerza laboral se ralentizó (aportando solo un 2.1 % anual), la inversión aumentó y la contribución del crecimiento del acervo de capital se elevó a 1.8% anual. Lo más importante es que, al mejorar el equilibrio entre el crecimiento de los factores de producción (capital y mano de obra), la contribución de la PTF se volvió muy favorable (1.2 % anual).

Sin embargo, lamentablemente, ese repunte no pudo mantenerse. En 2008-2019, tras la crisis financiera internacional, la tasa de crecimiento promedio se ralentizó drásticamente hasta llegar a 3.2 %. El crecimiento de la población económicamente activa siguió contribuyendo con un 2.1 % anual, y la calidad promedio de la fuerza laboral (H) mejoró considerablemente, gracias a los avances de la cobertura educativa, combinada con el retiro de los trabajadores de más edad con poca o ninguna educación formal (lo que contribuyó con un 1.0 % adicional anual). Sin embargo, la contribución del aumento de la inversión de capital se redujo al 1.2 %. Peor aún, la contribución de la PTF volvió a ser negativa (-1.1 %), muy probablemente debido al desequilibrio entre la mejora del capital humano y el estancamiento del capital físico.

Este mal desempeño continuó durante el período 2019-2024, que se vio fuertemente afectado por la pandemia del COVID-19 y sus secuelas. La tasa de crecimiento general volvió a caer, llegando a un 3 % anual. La contribución del crecimiento del capital se redujo a 1.0 %. Lo más llamativo fue que la contribución del crecimiento de la fuerza laboral se tornó negativa (-0.9 %), debido al rápido abandono de trabajadores de la población económicamente activa (vinculado en parte a la aceleración de la emigración y en parte a la reducción de la tasa de participación en la población activa entre los que permanecieron en el país). Al mismo tiempo, la PTF registró una contribución muy positiva al crecimiento del PIB, del 2.0 % anual, lo que ayudó a compensar las tendencias negativas del crecimiento del capital físico y de la fuerza laboral. Esto sugiere que los trabajadores que abandonaron la población activa tenían una productividad relativamente baja, por lo que la productividad media de los que permanecieron aumentó y la producción disminuyó menos de lo que se hubiese podido prever.

Honduras también se ha quedado rezagada con respecto a las economías más dinámicas de la región. Su modesta tasa de crecimiento per cápita de 1.6% en el período 2002-2023 apenas fue suficiente para pasar de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medio-bajos. En 2023, el ingreso per cápita se situaba en poco más de USD 3,000 al año (alrededor de USD 2,600 en valores constantes de 2015). En el mismo período, el PIB per cápita creció un 2.8 % en Costa Rica y un 3.5 % en República Dominicana. A pesar de una evolución demográfica menos favorable de cada uno de esos países con respecto a Honduras, el crecimiento de su productividad es mucho más fuerte (Figura 4). El dinamismo económico irregular de Honduras también se refleja en el hecho de que el PIB real cayó más en ese país que en otros países de Centroamérica durante la pandemia del COVID-19 (2020) y se ha quedado rezagado en la recuperación posterior (Figura 5).

Desequilibrio externo y remesas de los migrantes

Aún más preocupante es el hecho de que las actividades orientadas a la exportación, cuya expansión auguró optimismo hace veinte años, han ido perdiendo importancia. Las exportaciones totales han disminuido como porcentaje del PIB, pasando del 46.5 % en 2000 a 39.5 % en 2010 y a 33 % en 2023 (Figura 6A). La composición de las exportaciones también ha cambiado notablemente. La contribución de la industria maquiladora (bienes para transformación) al PIB se ha estancado en torno al 4 % del valor agregado de la economía, lo que representa alrededor del 35 % de los empleos en el sector manufacturero. Como resultado, la participación promedio de este sector en las exportaciones cayó de 62 % en 2000-2008 a 50 % en 2009-2024, mientras que la participación de los productos básicos (mercancías generales) aumentó de 36 % a 49% (Figura 6B).

Las exportaciones hondureñas siguen estando muy concentradas, tanto en términos de productos como de mercados, lo que hace que el país sea vulnerable ante las crisis externas y los cambios geopolíticos. El impulso para diversificar hacia exportaciones agrícolas «no tradicionales», como el cultivo de camarón, el aceite de palma, la piña, la horticultura, el mango y el cacao, con una productividad y complejidad generalmente mayores en comparación con las exportaciones tradicionales, se ha desvanecido. Aunque la estructura de la canasta de exportaciones agrícolas ha cambiado a lo largo de los años, sigue estando muy concentrada, y los cultivos tradicionales, como el café y el banano, siguen siendo predominantes. En 2024, cuatro productos básicos representaban el 25 % del total de las exportaciones: el café, con un 12 %; el banano, con un 6 %; el aceite de palma, con un 4.5 %, y el camarón cultivado, con un 2 %. En términos geográficos, las exportaciones de maquila hondureñas se dirigen casi en su totalidad a Norteamérica, ya sea directamente a Estados Unidos (71 % del total) o través de procedimientos realizados de manera complementaria en Centroamérica (23 %).⁶ Los mercados de exportación de productos básicos están más diversificados geográficamente, pero Norteamérica sigue siendo el mercado más importante, con un 41 % del total, y Estados Unidos es el país con mayor participación (35 %). Otros mercados claves para los productos básicos hondureños son América Latina y el Caribe (ALC), con 31 %, y Europa, con 22 %. Asia apenas representa el 5 % (Figura 7). Mientras tanto, las importaciones siguen estando muy por encima de las exportaciones, con una balanza comercial negativa que ronda el 20 % del PIB, y la estructura de las importaciones se ha mantenido bastante estable (Tabla 3 y Figura 8).

Con el rezagado crecimiento de las exportaciones respecto al crecimiento de las importaciones, la sostenibilidad macroeconómica de Honduras depende cada vez más de las remesas de los migrantes. Debido a la creciente disparidad entre las importaciones y las exportaciones, desde el año 2000, el déficit comercial se ha multiplicado por diez, pasando de 644 millones de dólares en el 2000 a 6,672 millones de dólares en el 2024 (Tabla 3). Las balanzas de servicios y de ingresos también se han vuelto muy negativas. La brecha se ha cubierto con un aumento considerable de las remesas de los migrantes, que pasaron de 441 millones de dólares (equivalentes al 6 % del PIB) en 2000 a 9,510 millones de dólares (26 % del PIB) en 2024 (Figura 9). Esto ha sido fundamental para la sostenibilidad macroeconómica de Honduras, pero también representa una vulnerabilidad estratégica. Los cambios en las políticas hacia los migrantes ilegales en Estados Unidos impedirán un mayor crecimiento de las remesas y podrían debilitar el flujo actual. En la actualidad, más de un millón de hondureños viven en Estados Unidos, muchos de ellos en situación migratoria irregular. La reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 50,000 hondureños por parte de la administración Trump, junto con la imposición de un impuesto del 1 % sobre las remesas, probablemente debilitarán los flujos de remesas.

Cambio estructural sin desarrollo

Una razón importante del escaso crecimiento del PIB es que el cambio estructural no ha logrado impulsar de manera contundente la productividad laboral. Entre 2002 y 2023, se produjo un cambio estructural sustancial en la economía hondureña. La proporción de empleos en la agricultura se redujo de 39 % a 23 %, mientras que los empleos en los servicios aumentaron de 39 % a 56 % y la proporción de empleos en la industria (manufactura y construcción) se estabilizó en torno al 21 % (Tabla 4). El cambio de la agricultura hacia los servicios se aceleró notablemente después de 2019. Se espera que la transición desde la agricultura hacia otros sectores impulse el desarrollo al aumentar la productividad laboral promedio. Tanto en la industria como en los servicios, el valor agregado promedio por trabajador es mucho mayor (Figura 10). Por lo tanto, el desplazamiento de la mano de obra hacia cualquiera de estos sectores supone una importante contribución puntual al crecimiento económico .

Sin embargo, como también se puede observar en la Figura 10, el crecimiento de la productividad dentro de los sectores industrial y de servicios fue decepcionante. Como resultado de ello, el cambio en la estructura del empleo en la economía hondureña ha tenido un impulso dinámico escaso o nulo sobre el crecimiento de la producción. La participación de la agricultura en el valor agregado cayó de 15 % a 11 %, cifra menor a la caída de su participación en el empleo. El crecimiento de la productividad del sector superó ampliamente el 50 % en este horizonte temporal de 21 años. Ahora bien, la mejora de la productividad en la agricultura se debió, en gran medida, a la eliminación de la mano de obra infrautilizada en las pequeñas explotaciones agrícolas (mediante el abandono de la fuerza laboral y la migración interna e internacional) más que al cambio tecnológico. Mientras tanto, la participación de los empleos en la industria se mantuvo estable y, después de 2008, la productividad del sector disminuyó, por lo que su participación en el valor agregado también se redujo , de 33 % a 24 %. Esto sugiere que las actividades artesanales de baja productividad estaban aumentando en importancia relativa. En el sector servicios, la productividad también se estancó después de 2008, porque, al igual que en otros casos, muchos de los nuevos empleos en el sector servicios se encontraban en empresas familiares de baja productividad y en actividades por cuenta propia (como trabajadores autónomos). Aun así, al final del período, debido al gran aumento de su participación en la fuerza laboral, el sector servicios representaba el 65 % del valor agregado total de la economía hondureña (Tabla 4 y Figura 10).

La economía hondureña se caracteriza por tener una prevalencia de las microempresas (de cinco trabajadores o menos). Esta categorización del tamaño de los establecimientos se corresponde con la definición «productiva» de formalidad e informalidad económica .⁷ La prevalencia de pequeñas unidades (que probablemente sean informales) explica en gran medida el decepcionante impacto en la productividad del proceso de cambio estructural descrito anteriormente. Las teorías clásicas del desarrollo económico, que se remontan a Arthur Lewis (1954), suponen que el paso de la agricultura a la industria, y luego a los servicios, iría acompañado de un cambio del trabajo por cuenta propia al trabajo asalariado, y también estaría asociado a la aparición de establecimientos más grandes y productivos. Una mayor productividad no necesariamente está relacionada con el hecho de contar con trabajadores más cualificados o con mayor capital, sino que también es el resultado de la eficiencia de la especialización que acompaña a la división del trabajo (como en el ejemplo de Adam Smith de la fábrica de alfileres) (Smith 1776) y, en última instancia, de las economías de escala, a medida que aumenta el tamaño de las plantas.

Estas ideas siguen siendo muy pertinentes en la actualidad. El trabajo del proyecto «Jobs of the World» muestra que la evolución de la organización industrial continúa siendo fundamental para el desarrollo económico en el mundo moderno. Bandiera et al. (2022) muestran que el desarrollo económico exitoso implica tres transformaciones importantes en la organización del trabajo: (a) el trabajo se «mercantiliza», es decir, se pasa de la subsistencia a la venta de los productos del trabajo en un mercado; (b) surgen empresas que atraen a los trabajadores y los sacan del trabajo por cuenta propia; y (c) aumenta la especialización mediante la creación de nuevos puestos de trabajo y funciones dentro de las empresas. Este tipo de transformación se observó en Honduras en la década de los noventa, cuando muchas mujeres jóvenes pasaron de tener empleos mal remunerados en la agricultura y los servicios urbanos informales (como el trabajo doméstico) a empleos más productivos y mejor remunerados en el creciente sector maquilador del Valle de Sula (Walker 1995).

Lo ideal sería que el desplazamiento de los trabajadores hacia los sectores industrial y de servicios también desencadene un cambio tecnológico continuo, aumentando la productividad de forma constante a lo largo de la economía. Cuando aumenta la inversión por trabajador , las nuevas inversiones suelen incorporar también las tecnologías recientes más productivas. Sin embargo, como se indicó anteriormente (Figura 3), aparte del breve período de la primera década del siglo XXI en el que la contribución de la PTF al crecimiento económico fue muy positiva, este patrón ha estado ausente en Honduras en los últimos años. Los trabajadores se han desplazado entre sectores, pero se han mantenido principalmente en empresas pequeñas, con poca capitalización y baja productividad, y el ritmo de cambio tecnológico ha sido moderado en los tres sectores.⁸

El empleo asalariado ha crecido de manera constante, pero muchos de los nuevos empleos asalariados se encuentran en pequeñas empresas que no pueden acceder fácilmente al capital ni tener ganancias de eficiencia debido a la división del trabajo o las economías de escala. La Figura 11 muestra las tendencias del empleo asalariado entre 2006 y 2024, según datos de encuestas de hogares.⁹ En 2006, Honduras contaba con 1.14 millones de empleos asalariados, de los cuales el 66 % se encontraba en empresas más grandes de seis o más trabajadores (probablemente empleos formales), mientras que el 34 % se encontraba en pequeñas empresas de cinco o menos trabajadores (probablemente informales), donde la productividad y los ingresos suelen ser más bajos. En 2024, había 2.07 millones de ocupados asalariados. Sin embargo, entre 2006 y 2024, los empleos asalariados en pequeñas empresas crecieron más rápidamente que los de las grandes empresas. Como resultado, en 2024, tan solo el 57 % de los empleos asalariados se encontraban en las empresas más grandes, y el 43 % en pequeñas empresas.¹⁰ El crecimiento de la ocupación en las empresas más grandes se ralentizó notablemente después del comienzo de la crisis financiera de 2008 (Figura 11).

La concentración de puestos de trabajo en empresas pequeñas e informales se da en todos los sectores. En 2024, la agricultura representaba el 27 % de todos los puestos de trabajo, de los cuales el 21 % correspondía a pequeñas empresas (con cinco o menos trabajadores) y el 6 % a empresas más grandes (con seis o más trabajadores).¹¹ No obstante, tanto el sector industrial como el de servicios tienen más puestos de trabajo en las pequeñas empresas que en las más grandes. La industria representa el 22 % de todos los empleos, repartidos entre el 13 % en las pequeñas empresas y el 9 % en las empresas más grandes. Los servicios representan el 51 % de todos los empleos (30 % en pequeñas empresas y 21 % en empresas más grandes) (Figura 12).

El impacto negativo de la distribución atomizada del empleo en las pequeñas empresas sobre la productividad y los ingresos es claramente observable a lo largo de la economía. En promedio, en 2024 los trabajadores en las pequeñas empresas ganaban solo la mitad de lo que ganaban los trabajadores en las empresas más grandes (USD 242 frente a USD 484) (Tabla 5). La tabla también muestra importantes diferencias entre los ingresos promedio de los distintos sectores. Los que más ganan son los del sector de la intermediación financiera (USD 617 al mes) y los que menos, los de la agricultura (USD 198). Los trabajadores del sector público (por ejemplo, educación, administración pública y defensa) también son relativamente bien remunerados. Sin embargo, en todos los sectores existe una diferencia sustancial entre los ingresos promedio de los trabajadores de las empresas más grandes y los de las más pequeñas, reflejando una menor productividad en los establecimientos más pequeños e informales.

La escasez de mejores trabajos subyace la persistencia de baja participación laboral de las mujeres. Los patrones contrastantes de transición de la escuela a la vida adulta para hombres y mujeres se ilustran en la Figura 13. Existe una diferencia significativa entre géneros, ya que solo el 50% de las mujeres adultas estudian o trabajan, en comparación con más del 80% de los hombres. Esta diferencia persiste, a pesar de que el rendimiento educativo de las niñas es ahora mejor que el de los niños. Esto responde en parte a las normas sociales respecto al cuidado de los hijos y otras tareas domésticas no remuneradas que realizan las mujeres, pero también se debe a la escasez de mejores empleos.

El resultado es que la gran mayoría de los «ninis» hondureños, es decir, los adultos que ni estudian ni trabajan, son mujeres (Figura 14). Solo el 22% de todos los ninis son hombres frente a 78 % de mujeres. De ellas, el 19 % son mujeres jóvenes (de 16 a 25 años) y el 59 % son mujeres mayores. Esto no es inusual: la baja participación de las mujeres en el trabajo fuera del hogar se observa comúnmente en países que están pasando de una economía rural y agraria a una economía urbana, industrial y de servicios.

La literatura sobre economía del desarrollo encuentra que la participación femenina en la fuerza de trabajo tiene forma de «U». Cuando se da un aumento del PIB per cápita, primero se produce una caída inicial de la participación femenina y luego hay un incremento en los niveles de ingresos más altos. Este patrón es el resultado de la interacción entre el cambio hacia una producción no agrícola y orientada al mercado y las normas de género que asignan funciones a las mujeres, como el cuidado de la familia, la cocina, la recolección de leña y otras actividades similares no relacionadas con el mercado. En algunas sociedades, también puede reflejar una preocupación por el «honor», el que se podría valorizar arriba de los ingresos potenciales; es decir, las familias se preocupan por no exponer a las mujeres a los riesgos que se perciben al trabajar fuera del ámbito del hogar.¹²

El resultado es que, a medida que priman las actividades no agrícolas, estas son asumidas en un principio por los hombres. Sin embargo, conforme la economía sigue desarrollándose y aumentan las oportunidades de obtener ingresos por trabajo remunerado, el «costo de oportunidad» de mantener a las mujeres en las tareas domésticas aumenta, y se produce un cambio gradual hacia el trabajo remunerado de las mujeres fuera del hogar. Del mismo modo, las mujeres que alcanzan mayores niveles de cualificación (como títulos de educación superior) y pueden acceder a empleos formales de mejor calidad tienen más probabilidades de participar en la fuerza laboral que las mujeres menos capacitadas.

En Honduras, la alta participación femenina en las actividades del hogar y su baja participación en el trabajo remunerado es claramente evidente. Las mujeres jóvenes, especialmente aquellas que han logrado completar la educación primaria y parte de la secundaria, parecen más reacias que los hombres jóvenes a aceptar empleos de baja calidad. Es probable que esta aversión refleje los ingresos relativamente bajos que se obtienen del trabajo por cuenta propia y del trabajo informal remunerado (cuando se lo compara con el valor otorgado al trabajo no remunerado del hogar). Otra consideración es la percepción de precariedad en muchos empleos de baja calidad: el riesgo de agresión y exposición a la delincuencia, tanto en los desplazamientos al trabajo en transporte público como en muchos entornos laborales informales. El patrón de violencia contra las mujeres en Honduras está bien documentado, y el país ocupa actualmente el primer lugar en América Latina en cuanto a feminicidios, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por lo tanto, las mujeres pueden preferir esperar a que se presente un trabajo formal mejor remunerado y más seguro y, mientras tanto, realizar trabajo no remunerado en el hogar. Otra posible consideración son las prácticas discriminatorias de contratación de las empresas formales, algunas de las cuales pueden preferir contratar a hombres en lugar de mujeres para puestos específicos. Esto puede dificultar aún más que las mujeres accedan a un empleo lo suficientemente bien remunerado y seguro como para atraerlas fuera del trabajo doméstico no remunerado.

La persistencia de un elevado abandono femenino de la fuerza laboral da lugar a una pérdida significativa de potencial económico. Es probable que esta situación continúe hasta que haya más empleos de mejor calidad, que las mujeres con mayor nivel educativo estén dispuestas a desempeñar. Esto probablemente atraería a un número cada vez mayor de mujeres jóvenes al mercado laboral. Algunos ejemplos podrían ser los empleos en industrias intensivas en mano de obra, como el comercio, el turismo, los servicios financieros, los servicios de salud y educación, y la industria manufacturera liviana.

Baja inversión y crecimiento productivo débil

La inversión hondureña en las últimas dos décadas ha sido demasiado baja como para transformar la economía. La mayoría de los países en desarrollo que han logrado un crecimiento transformador en las últimas décadas (como los «tigres asiáticos») mantuvieron altos niveles de inversión durante largos períodos, lo que permitió una importante «intensificación del capital». Esto significa que la cantidad media de capital por trabajador (K/L) aumentó significativamente, lo que condujo a un fuerte incremento de la productividad. Este patrón puede observarse en la Figura 15. Cada punto del gráfico de dispersión representa un dato de un país específico en un año determinado entre 1990 y 2019. Existe una clara correlación entre la intensidad de capital (K/L en el eje vertical) y el PIB per cápita (eje horizontal).

La evolución de un país específico puede seguirse en este gráfico de dispersión al resaltar los puntos correspondientes a ese país. Los puntos negros trazan la transformación de la economía china entre 1990 y 2019, mostrando un fuerte aumento del acervo de capital por trabajador, que se correlaciona con un gran aumento del PIB per cápita. Para lograr ese cambio, China realizó un enorme esfuerzo nacional de ahorro e inversión que se mantuvo durante tres décadas, con una formación bruta de capital (FBK) que se sostuvo por encima del 40 % del PIB. India (los puntos azul claro) comenzó en 1990 con una relación K/L más alta que China, pero invirtió a un ritmo más lento. Al final del período, China la había superado en ambas dimensiones: ahora tiene una relación K/L más alta y un ingreso per cápita más elevado.

Esta figura también muestra los resultados de Honduras, Costa Rica, República Dominicana y México en el mismo lapso. Honduras (el grupo de puntos anaranjados, reunidos en el centro de la figura) logró pocos avances tanto en la intensidad del capital como en el crecimiento del ingreso per cápita. México (puntos rosados) y Sudáfrica (morados) muestran un patrón similar al de Honduras, aunque con niveles más altos de K/L e ingresos. Todos estos son ejemplos de países que parecen estar atrapados en la «trampa del ingreso medio» . Lo que resulta especialmente preocupante para Honduras es que se ha estancado en niveles bajos de intensidad de capital e ingresos per cápita. Por el contrario, tanto Costa Rica (puntos azul turquesa) como la República Dominicana (puntos azules) obtuvieron mejores resultados, alejándose de Honduras en términos de intensidad de capital e ingresos per cápita (a pesar de una caída inicial de K/L en la República Dominicana a principios de la década de los noventa).¹³

Del mismo modo, existe una clara correlación entre el crecimiento del PIB per cápita y la proporción de empleos asalariados en una economía (Figura 16). En China, cientos de millones de trabajadores pasaron de laborar por cuenta propia en la agricultura a tener empleos asalariados en empresas (tanto privadas como públicas) del sector modernizado de la economía. En el mismo intervalo, India hizo poco por trasladar a los trabajadores a empleos asalariados. Una vez más, los datos de Honduras sugieren un patrón de estancamiento en torno a un nivel relativamente bajo de empleo asalariado. En resumen, el historial de Honduras en materia de intensidad del capital y crecimiento del empleo asalariado durante las últimas tres décadas es muy inferior al de los países que han logrado transiciones de desarrollo significativas. Mientras que los datos de China sugieren un dragón volador, los de Honduras sugieren un caracol dormido. Por lo tanto, Honduras parece haberse quedado estancada en la trampa del ingreso medio casi antes de haber alcanzado el estatus de ingresos medios.

Los datos del PIB hondureño confirman la lentitud de la inversión en las dos últimas décadas. La Tabla 6 muestra los principales componentes de la demanda agregada en Honduras entre 2000 y 2024. Al comienzo del período, la inversión (FBK) representaba el 28 % del PIB (2000 y 2005). Las exportaciones también eran sólidas (59 % del PIB en 2005). Sin embargo, tanto la inversión como las exportaciones han disminuido notablemente desde 2008. La inversión se redujo a 22 % del PIB en 2024 y las exportaciones cayeron a 34 % en el mismo año. Mientras tanto, el consumo de los hogares ha aumentado de manera constante del 71 % al 86 % del PIB, el consumo del gobierno ha aumentado del 13 % al 16 %, y las importaciones han fluctuado en torno al 60 % del PIB. Como resultado, el ahorro agregado se ha desplomado del 16 % del PIB en 2000 al -2 % del PIB en 2024.

En los últimos años, Honduras ha tenido malos resultados en la atracción de inversión extranjera directa (IED). La Figura 17 muestra el nivel promedio de IED en la región de América Central y República Dominicana en el período 2021-2023. En Honduras, la IED fue de 2.8 % del PIB, lo que la convierte en uno de los cuatro países de la región con un nivel de IED por debajo de 3%, junto con El Salvador (1.6 % del PIB), y Panamá y Guatemala (ambos con 2.4 %). Esto contrasta negativamente con Nicaragua (7.9 %), Costa Rica (5.4 %) y República Dominicana (3.7 %). Casi toda la IED de Honduras se destinó a los servicios (incluidos los servicios de infraestructura, los servicios financieros y el turismo, entre otros sectores) (panel izquierdo). Lo más relevante es que el 111 % de la IED en Honduras fue reinversión de las utilidades generadas por empresas extranjeras que ya operaban en el país (panel derecho). Esto significa que se trata de fondos procedentes de inversiones extranjeras ya existentes y que no se introdujo dinero nuevo en el país. Las nuevas inversiones de capital por parte de propietarios extranjeros fueron, en realidad, negativas, en una proporción del 11 % del total de la IED. Esto refleja la desalentadora percepción que tienen los posibles inversionistas extranjeros sobre las perspectivas de Honduras. Por el contrario, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana registraron importantes entradas de capital.

La inversión pública también ha sido baja. La gestión fiscal reciente de Honduras ha sido cautelosa. A excepción de los años preelectorales de 2013 y 2020, el déficit consolidado del sector público no financiero se ha mantenido constantemente por debajo del 4 % del PIB (Tabla 7). Como resultado, Honduras ha podido mantener tasas de inflación bajas y estables, y ha tenido una relación positiva con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la mayor parte de este período. No obstante, el saldo de la deuda pública ha aumentado gradualmente desde poco más del 20 % del PIB tras la finalización del proceso de la iniciativa para los PPME (ocurrida en 2005) hasta casi el 50 % del PIB en la actualidad (Figura 18). Según el análisis del FMI, esto sigue siendo compatible con la sostenibilidad de la deuda.¹⁴ Como también se puede observar en la Tabla 7, esto se ha asociado a un esfuerzo de inversión pública muy modesto. El gasto de capital del sector público se ha mantenido en torno al 5 % del PIB anual.

En cambio, se han utilizado ampliamente las asociaciones público-privadas (APP) para abordar las necesidades de infraestructura de Honduras en sectores como carreteras, puertos y electricidad. Estas inversiones, a cargo del sector público y garantizadas por el mismo, representan una parte significativa de la inversión del sector privado. Esta estrategia tenía el potencial de resolver la tensión entre la persistencia de las restricciones fiscales y las elevadas necesidades de infraestructura de Honduras. También tenía el potencial de mejorar en gran medida la relación calidad-costo de los servicios de infraestructura (siempre que se establecieran estructuras reguladoras bien diseñadas).¹⁵ Lamentablemente, la gestión de las APP de Honduras (que utilizan mecanismos de gobernanza basados en fondos fiduciarios defectuosos) ha sido muy deficiente, y el costo y la calidad de los servicios de infraestructura resultantes dejan mucho que desear.

La baja tasa de inversión total en Honduras, junto con la mala calidad de muchos acuerdos de concesión con inversores privados, es una causa importante del bajo desempeño del país en materia de productividad. Como se observa en la Tabla 6, también está asociada a un nivel muy bajo de ahorro agregado. En 2024, el consumo de los hogares representaba el 86 % del PIB y el consumo público, el 16 %, por lo que el ahorro agregado era negativo, con un -2 % del PIB. Esto supone una reducción de 18 puntos porcentuales con respecto a la tasa de ahorro del 16 % registrada en el año 2000. Lo anterior deja poco margen para la inversión, dadas las restricciones de la balanza de pagos de Honduras y su limitada capacidad de endeudamiento. La mejora del clima de inversión podría contribuir, en cierta medida, a facilitar un aumento de las entradas de capital privado, pero, de seguir negativo el ahorro interno, es poco probable que se vuelva a alcanzar una tasa de alrededor de 30% del PIB.

El desafío de la competitividad

El decepcionante nivel de la inversión del sector privado en Honduras se debe, a su vez, a la falta de competitividad de la economía. La escasez de oportunidades de inversión rentables es el resultado de una serie de fallas del mercado y de las políticas que dificultan la creación y el crecimiento de empresas del sector formal. Entre los retos se encuentran: los altos costos del capital y de la mano de obra en el sector formal; la calidad y el costo de los servicios de infraestructura (especialmente la electricidad); y el dominio de fuertes empresas establecidas con posiciones monopolísticas u oligopolísticas en sectores claves, lo que tiende a dificultar la entrada de nuevas empresas. Otra cuestión crucial es la existencia de obstáculos legales y normativos para la expansión de empresas formales, entre los que se incluyen (pero no se limitan a) la administración fiscal y los regímenes de concesión de licencias medioambientales, así como la inflexibilidad del marco normativo laboral, que a menudo resulta difícil de negociar para las pequeñas empresas. También existen importantes retos relacionados con la seguridad, la corrupción del sector público y la inestabilidad política. Esta serie de fallos institucionales se suma a un clima de competitividad negativo que desalienta a los inversionistas y los empuja hacia estrategias para encontrar espacios protegidos donde puedan negociar rentas con actores de poder.

Muchas de las oportunidades de inversión más lucrativas se encuentran en las actividades de «búsqueda de rentas» ¹⁶, que a menudo generan poco empleo. Las inversiones suelen fluir hacia mercados monopolísticos u oligopolísticos, que son relativamente rentables y de bajo riesgo, debido a la competencia limitada, pero que también suelen ser intensivos en capital, con un potencial limitado de creación de empleo. Un área fundamental de la actividad empresarial es la contratación con el Estado, donde a menudo prevalecen el amiguismo y la corrupción, incluyendo contratos de construcción, contratos de generación de energía y concesiones. Otra actividad de búsqueda de rentas es la inversión en sectores que han negociado privilegios fiscales con el Gobierno. Como resultado, el cabildeo para asegurar y proteger las «exoneraciones» fiscales es una actividad importante para las empresas hondureñas.

Los impuestos no recaudados debido a los privilegios fiscales se conocen como «gastos tributarios». Se estima que su costo es de alrededor del 6.4 % del PIB (Tabla 8). Eso equivale aproximadamente a un tercio del total de los impuestos realmente recaudados. Algunas de las exoneraciones/exenciones tienen sentido, pero otras son más difíciles de justificar. Por ejemplo, podría decirse que resulta lógico eximir del pago de impuestos para ayudar a las industrias cruciales a competir en mercados globales sensibles a los precios y proteger los empleos (por ejemplo, para el sector maquilador y el turismo). Pero las exenciones de los impuestos sobre las ventas, cuyo costo se estima en alrededor del 4.1 % del PIB anual, parecen demasiado generalizadas. Muchos de los bienes exentos no son consumidos por los hogares de bajos ingresos. Podría decirse que los hogares pobres se beneficiarían más si se eximieran menos bienes y se aumentará la recaudación de impuestos, lo que permitiría mejorar los servicios públicos de los que dependen. Otro ejemplo es la exoneración de los derechos de importación del combustible para la generación de electricidad (que se estima que cuesta el 0.3 % del PIB). Esto puede provocar que los combustibles exonerados se destinen a otros usos (como combustible para vehículos). Quizá sería mejor gravar todos los combustibles importados y aumentar el pago a los generadores de electricidad para compensar el costo. Otros ejemplos son: permitir que los gastos médicos sean deducibles a efectos del impuesto sobre la renta; permitir que el pago reglamentario del decimotercer y el decimocuarto salarios estén exentos del impuesto sobre la renta (cuando nadie que paga impuestos sobre la renta es pobre); e interpretar la cláusula constitucional que especifica la exención fiscal para los maestros de manera que incluya a los profesores universitarios, quienes están relativamente bien remunerados.

Este tipo de desafíos afectan a todos los sectores de la economía hondureña. Las políticas de «segunda mejor opción» , cuyo objetivo es crear incentivos compensatorios, pueden ayudar a contrarrestar el alto costo de operar en sectores específicos (por ejemplo, la industria manufacturera orientada a la exportación, el turismo o la agricultura no tradicional). Sin embargo, es poco probable que logren transformar el desempeño económico de Honduras en su conjunto y es más probable que fomenten una cultura de cabildeo y búsqueda de rentas, lo que termina siendo un juego de suma negativa. Además, la capacidad de ajustar estas políticas de forma eficaz en tiempo real se ve limitada por un entorno de país en constante cambio, marcado por nuevas amenazas y oportunidades.

Las transferencias monetarias condicionadas tampoco suelen tener un efecto transformador¹⁷. Si se diseñan adecuadamente, pueden ayudar a aliviar la pobreza extrema y reducir la sensación de exclusión de las comunidades rurales pobres sumidas en un atraso estructural. Sin embargo, a menos que se vinculen a otros programas de apoyo a la creación de empleo en empresas productivas con vínculos adecuados con el mercado, es poco probable que dinamicen las economías locales. Pueden convertirse fácilmente en una carga fiscal y, lo que es peor, pueden formar parte del marco de redistribución politizada de rentas que caracteriza a gran parte de la sociedad hondureña, en el que los beneficiarios se ven amenazados con perder sus prestaciones si no votan por el partido gobernante. Estos riesgos se exacerban cuando los programas se trasladan al ámbito urbano.

La promoción de las microempresas es otra política alternativa que probablemente no impulse el desarrollo económico de Honduras. Como se ha discutido extensamente, la prevalencia de la actividad económica atomizada es la raíz del problema de productividad. Por lo tanto, aumentar la importancia relativa de las actividades a pequeña escala probablemente no sea la solución. Los programas de desarrollo de microempresas pueden ayudar a facilitar el surgimiento de una producción mercantilizada en niveles bajos de desarrollo, pero la mayoría de las microempresas emplean a pocas personas ajenas a la familia. Por lo tanto, carecen de la escala y los recursos de capital necesarios para facilitar la especialización y tienen un potencial de crecimiento limitado. En consecuencia, pueden contribuir poco al tipo de transformación que Honduras necesita ahora. En las siguientes secciones, se analizan algunos de los principales retos que enfrentan los inversionistas hondureños.

Mercados de capital

El acceso limitado al capital de riesgo es una importante limitación para la inversión en Honduras. Los esfuerzos por desarrollar un mercado de capitales en la década de noventa mediante la creación de una bolsa de valores fracasaron, ya que las empresas privadas y familiares mostraron poco interés por el escrutinio asociado a la venta de acciones en los mercados públicos. Mientras tanto, el sistema bancario se gestiona de forma conservadora y proporciona poco capital de riesgo a largo plazo a las nuevas empresas. Para los bancos es menos arriesgado y más rentable centrarse en préstamos de capital a corto plazo, en la financiación del comercio y, sobre todo, en el crédito al consumo. La mayor parte de la financiación bancaria se destina al comercio, la construcción y el sector inmobiliario, así como al crédito al consumo. Una parte relativamente pequeña de los préstamos bancarios hondureños se destina a la agricultura (que recibió el 13 % del total de los préstamos en 2024) o a la industria (6 %) (Tabla 9). Los reguladores parecen más preocupados por reducir la exposición de los bancos al riesgo sistémico que por mejorar los servicios financieros para la economía en general. El balance de los bancos muestra que las provisiones¹⁸ equivalen al 137 % de los préstamos morosos en julio de 2023 (FMI 2023, 51).

Las ganancias bancarias y las tasas de interés de los préstamos son elevadas. Los bancos hondureños se encuentran entre los más rentables de Centroamérica, con una rentabilidad sobre el capital del 15 % en 2022 (FMI 2023). Esto se debe al elevado «diferencial» entre las tasas de interés de los depósitos y los préstamos bancarios, que parece estar relacionado con la falta de competencia efectiva. Los esfuerzos realizados en la década de los noventa para reducir el diferencial mediante la apertura del sector a los inversionistas extranjeros y el fomento de la competencia interbancaria no tuvieron mucho éxito. El margen de intermediación se ha mantenido de forma persistente en torno a 5 puntos porcentuales durante las dos últimas décadas (Figura 19). A principios de 2025 se produjo una caída temporal hasta 3.5 % debido a un fuerte repunte de las tasas de depósito, que superó temporalmente el aumento de las tasas de crédito. Sin embargo, la situación volvió rápidamente a la normalidad, ya que las tasas de interés de los préstamos subieron por encima de 15 % (por encima de 10 % en términos reales) y las tasas de interés de los depósitos volvieron a bajar a 10 %. El diferencial de los bancos en Honduras también sigue siendo uno de los más altos de la región; Nicaragua es el único país que tiene un margen de intermediación implícito significativamente más alto. Guatemala, El Salvador y Costa Rica registran diferenciales mucho más bajos (Figura 20).

Los diferenciales elevados también tienen el efecto de transferir una parte significativa del valor agregado de las empresas no financieras a los bancos. En las cuentas nacionales, el valor agregado de los intermediarios financieros se calcula como la diferencia entre el costo de los fondos depositados en los bancos y los ingresos que estos obtienen al prestarlos. En consecuencia, el diferencial de los bancos aparece como un elemento de los costos en las cuentas de las empresas que pagan intereses a los bancos.

En las últimas dos décadas, la profundidad de la intermediación financiera ha crecido con más fuerza en Honduras que en el resto de Centroamérica. El crédito total ha aumentado de alrededor de 35 % del PIB en el 2000 a 90 % en el 2024 (Figura 21). La combinación de un margen bancario relativamente alto y un nivel elevado de intermediación financiera en relación con el PIB solo se observa en Honduras. Los otros dos países de Centroamérica con márgenes relativamente altos (Nicaragua y República Dominicana) tienen una profundidad de intermediación financiera relativamente baja: Nicaragua con el 36 % del PIB y República Dominicana con el 42 %. Esto sugiere que las empresas de esos países han abordado sus necesidades de capital mediante estrategias alternativas que evitan los altos márgenes bancarios. Como resultado, la participación de la intermediación financiera en el PIB de Honduras ha aumentado del 5 % en 2000 al 7 % en 2024, una de las participaciones más altas de la región, solo superada por El Salvador (Figura 22).

Las recientes políticas monetarias y cambiarias han incrementado aún más las tasas de interés de los préstamos bancarios. A finales de 2024, en el marco del programa del FMI para aliviar la presión sobre el tipo de cambio, el Banco Central de Honduras (BCH) adoptó medidas para reducir la liquidez mediante aumentos de la tasa de política monetaria y del coeficiente de encaje obligatorio. El objetivo era reducir la demanda de dólares limitando la disponibilidad y aumentando el costo de los fondos en lempiras en el sistema bancario. El efecto fue un nuevo aumento de las tasas de interés de los préstamos. Con una inflación anual que ha bajado a 4 %, las tasas de interés reales medias de los préstamos se sitúan actualmente (septiembre de 2025) muy por encima de 10 %, lo que es una mala noticia para los inversionistas.

Mercados laborales

Las políticas reguladoras del trabajo de Honduras son desfavorables para el crecimiento intensivo en mano de obra. El Código de Trabajo es inflexible e impone altos costos a los empleadores, tanto a través del salario mínimo como a través de los costos de las indemnizaciones por despido (prestaciones) y otras prestaciones legales (como el sistema de seguridad social). La Figura 23 muestra la trayectoria de los salarios mínimos en Centroamérica durante las últimas dos décadas. Honduras comenzó en el 2000 con un salario mínimo similar al de México y Nicaragua, y muy por debajo de los de Costa Rica, Panamá y Guatemala. Sin embargo, en el período 2008-2009, en el contexto de la crisis financiera mundial, el salario mínimo se incrementó considerablemente y, desde entonces, se ha mantenido similar al de los países más ricos de la región.

Cabe destacar que Honduras tiene, con diferencia, el salario mínimo más alto de la región con relación al PIB per cápita (Tabla 10). El salario mínimo mensual corresponde al 13.3 % del PIB anual per cápita, el doble que en cualquier otro país. Dado que la ley exige que se pague a los trabajadores catorce meses de salario al año, el salario mínimo anual en Honduras equivale al 180 % del PIB per cápita. En un esfuerzo por mantener la competitividad de los salarios en dólares en el mercado de la manufactura, el salario mínimo en el sector maquilador se ha fijado debajo del nivel de otras grandes empresas. Sin embargo, otras empresas y sectores no son tan afortunados. El salario mínimo también se calibra en función del tamaño de la empresa, y las empresas más grandes pagan salarios mucho más altos. Esto desincentiva el crecimiento del empleo en las empresas medianas que se encuentran cerca del umbral para un salario mínimo más alto.

Los empleadores hondureños también se enfrentan a importantes pasivos contingentes relacionados con el costo incierto de los despidos. En lugar de tener un derecho fijo a una indemnización por despido, como el sistema brasileño de «compensación por tiempo de servicio», en Honduras los trabajadores que dejan un empleo deben demostrar que se trata de un despido injustificado para obtener una indemnización significativa. Esto reduce la flexibilidad del mercado laboral, ya que los trabajadores que quieren dejar su empleo permanecerán en él tratando de que los despidan, y los empleadores retrasarán los despidos, esperando una oportunidad para despedir «con causa justificada». Cuando los despidos dan lugar a un litigio, el empleador puede estar obligado a pagar el salario completo durante todo el proceso legal, que puede durar varios años (lo que se denomina «salarios caídos»). Los principales beneficiarios son los abogados laboralistas, que pueden cobrar el 30 % del acuerdo resultante y que reúnen carteras de casos sobre la base de «si no se gana, no se cobra». Todo ello supone un importante pasivo contingente para los empleadores, que se ve agravado por la ineficiencia y la corrupción de los tribunales laborales. Las grandes empresas con departamentos de recursos humanos profesionales y abogados con amplias redes de contactos pueden gestionar estos riesgos, pero para los empleadores más pequeños constituyen un importante impedimento para contratar a personas que no conocen y en las que no confían personalmente.

Protección social

El sistema bifurcado de protección social de Honduras desincentiva el crecimiento del empleo formal. El sistema se divide en pilares no contributivos y contributivos. El componente no contributivo incluye transferencias de efectivo específicas para los más pobres y servicios de salud gratuitos y universales de la Secretaría de Salud (SESAL). El elemento contributivo se basa principalmente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que proporciona pensiones, indemnizaciones por accidentes de trabajo y servicios de salud a los trabajadores afiliados del sector formal. La contribución al IHSS cuesta alrededor del 11 % del salario, monto que se divide entre el empleador y el empleado. Los empleadores también deben hacer contribuciones al organismo de capacitación (INFOP) (1 %), al Fondo de Vivienda Social, así como a otros organismos. Estas contribuciones obligatorias, recaudadas a través de los impuestos sobre la nómina, representan una parte considerable del costo que significa contratar mano de obra en el sector formal, además del salario mínimo mensual nominal (Michel y Walker 2019). Como resultado, existe una diferencia significativa entre el salario neto que reciben los empleados del sector formal y el costo que supone para el empleador contratar a esos trabajadores . Este tipo de estructura puede constituir un desincentivo para el empleo formal, especialmente si los trabajadores no valoran las prestaciones del sistema contributivo tanto como lo que se les deduce de su salario para financiarlas.¹⁹

Lamentablemente, los organismos financiados con impuestos sobre la nómina en Honduras rara vez ofrecen una buena relación calidad-precio. Por ejemplo, el IHSS se ha visto sacudido por escándalos de corrupción. La mayor parte de sus ingresos se gastan en un servicio de salud de mala calidad, que duplica los programas SESAL financiados por el Gobierno. El sistema de salud del IHSS, gestionado directamente por la aseguradora, también registra altos costos salariales (vinculados a generosos convenios colectivos). El IHSS solo cubre alrededor del 15 % de la población, mientras que la SESAL ofrece cobertura universal y es el proveedor de facto de más del 80 % de la población. La SESAL ha mejorado gradualmente la calidad y el alcance de sus servicios, pero también se ve afectada por graves problemas de gestión laboral y frecuentes escándalos de corrupción, especialmente relacionados con la adquisición de medicamentos. No obstante, parece haber pocas razones para continuar con dos programas de salud públicos a nivel nacional.

Al mismo tiempo, el programa de pensiones del IHSS ofrece bajos ingresos de jubilación. Esto no es sorprendente, ya que la financiación de las pensiones, que se ve desplazada por el costo del programa de salud del IHSS, asciende en la práctica a apenas 3 % de la nómina. El costo de un programa de pensiones sostenible y administrado de manera eficiente, con una «tasa de sustitución» de alrededor del 50 % de los ingresos después de 25 años de servicio, normalmente requeriría contribuciones anuales de alrededor del 10 % de los ingresos. Por lo tanto, si el seguro médico hondureño se universalizara y se cubriera a través de la SESAL con fondos fiscales, las contribuciones actuales al IHSS (11 % de la nómina) serían suficientes para financiar un programa de pensiones adecuado para el sector privado. El fortalecimiento del sistema de pensiones contributivo para los trabajadores del sector privado contribuiría, a su vez, a contrarrestar la creciente amenaza de la pobreza en la vejez a medida que avanza la transición demográfica. Asimismo, generaría una importante partida de ahorros a largo plazo, lo que podría ayudar a movilizar fondos para inversiones a largo plazo e impulsar el crecimiento y el desarrollo económico.

Gobernanza y seguridad

Honduras ha obtenido sistemáticamente malos resultados en materia de gobernanza. En general, en los últimos veinte años, Honduras se ha asentado en los últimos puestos de las clasificaciones regionales en cuanto a control de la corrupción, Estado de derecho, eficacia gubernamental y calidad normativa (Figura 24). Las empresas se enfrentan a la impunidad y la falta de transparencia en los procesos judiciales, lo que hace que el cumplimiento de los contratos sea incierto. El Gobierno no ha cumplido sus promesas electorales de restablecer una agencia internacional para apoyar la transparencia judicial (MACCIH) . Si bien se han producido mejoras relacionadas con la creación del Instituto de Propiedad, siguen siendo frecuentes las disputas en torno a los títulos de propiedad de la tierra. La incursión generalizada del dinero del narcotráfico en el proceso político ha socavado aún más la calidad de la gobernanza.

La inseguridad sigue siendo un gran desafío tanto para los hogares como para las empresas. En el lado positivo, la tasa de homicidios ha disminuido considerablemente desde el pico alcanzado en 2011-2013, cuando superaba los 80 homicidios por cada 100,000 habitantes (la tasa más alta del mundo para un país que no está en guerra), hasta situarse en tan solo 15 en la actualidad. No obstante, Honduras se enfrenta a una crisis sostenida de seguridad ciudadana. La extorsión sigue siendo un cáncer para la economía, ya que provoca el cierre de muchas pequeñas empresas y obliga a las grandes a absorber el costo de pagar «impuestos de guerra» a los grupos de extorsión y de reforzar sus medidas de seguridad.

Energía

Honduras tiene uno de los suministros de energía eléctrica más caros y menos fiables de Centroamérica. Mejorar el rendimiento del sector eléctrico ha sido el objetivo de múltiples programas de asistencia de organismos multilaterales durante los últimos treinta años (que han incluido tanto préstamos para inversiones como para reformas políticas), pero los resultados siguen siendo desalentadores. Aunque la cobertura se acerca ahora al 90 %, el sistema tiene altos costos de generación relacionados con la adquisición poco competitiva de acuerdos de compra de energía. También se registran enormes pérdidas de distribución, de alrededor del 35 % de la energía generada. Las pérdidas no son principalmente técnicas, sino «económicas», lo que es un eufemismo para referirse al robo de energía del sistema por parte de grandes consumidores comerciales e industriales, así como de hogares en asentamientos informales. Las pérdidas financieras resultantes para el sector son absorbidas en gran medida por la Secretaría de Finanzas, lo que contribuye con alrededor del 1 % del PIB al déficit del sector público (más de una cuarta parte del total). La debilidad del marco regulatorio de facto y la manipulación política de las compras de energía en Honduras contrastan fuertemente con la forma en que se realizan las compras de energía en los países vecinos. En Guatemala, por ejemplo, los procesos de adquisición transparentes están resultando en precios de generación tan bajos como USD 0.05 por kWh. Los precios de los acuerdos de compras de energía hondureños se mantienen en niveles mucho más altos y parece probable que sigan así durante muchos años. El Gobierno actual ha vuelto a centralizar el control del sector y ha negociado modestas reducciones en los precios de los costosos contratos de energía a cambio de largas prórrogas.

Segmentación social persistente

Como se señaló al inicio de este informe, el deficiente desempeño económico de Honduras ha impedido avances significativos en materia de pobreza, desigualdad y otros indicadores sociales. El progreso socioeconómico previsto a principios del siglo XXI no se ha materializado. La pobreza y la desigualdad en Honduras siguen siendo de las más altas de Centroamérica. El patrón de desigualdad también está estrechamente relacionado con la distribución de los empleos formales e informales entre la población (Figura 25).

La migración del campo a la ciudad ha contribuido a mejorar las condiciones de vida promedio, pero el sector urbano sigue reflejando una profunda división entre los pobres y los no pobres. Las clases media y alta viven principalmente en vecindarios regulares y tienen empleos formales relativamente bien remunerados. Sin embargo, la mayor parte de la población vive en asentamientos informales, a menudo precarios y degradados desde el punto de vista medioambiental, y poco se ha hecho por mejorarlos. Existe una fuerte correlación entre la informalidad de la vivienda y la informalidad del mercado laboral. La calidad de los servicios públicos que utilizan las comunidades de bajos ingresos suele ser deficiente. Los sistemas de salud y educación están politizados y son ineficientes, y se enfrentan a retos en cuanto a la calidad de los servicios y la corrupción en los procesos de adquisición. Los servicios de seguridad y justicia penal no han logrado proteger a las comunidades pobres de la extorsión y la delincuencia relacionada con las drogas. Sus vidas se ven amargadas por las pandillas, que les cobran «impuestos de guerra» y amenazan con involucrar a sus hijos en actividades delictivas. Lo peor de todo es que tienen poco optimismo sobre el futuro que les ofrece el país.

Ante este estancamiento, cientos de miles de hondureños, tanto de zonas rurales como urbanas, han elegido migrar, sumándose al éxodo migratorio hacia Estados Unidos. Según el portal de datos migratorios del Banco Mundial para la región de América Latina y el Caribe, entre 2016 y 2020 emigró un total acumulado de un millón de hondureños (FMI 2023, 32). Pero la reelección de Donald Trump ha endurecido las medidas contra la migración; por consiguiente, es probable que se acelere la repatriación de inmigrantes ilegales y que las remesas se vean presionadas, con consecuencias negativas para la economía.

Además de impulsar la emigración, la falta de buenas oportunidades laborales también lleva a muchos de los que se quedan a abandonar la fuerza laboral. Como se ha descrito anteriormente, esto es sobre todo cierto en el caso de las mujeres jóvenes que no pueden encontrar empleos que se ajusten a su nivel educativo y a sus aspiraciones. Honduras está desperdiciando así el capital humano que ha acumulado a un alto costo mediante la ampliación de la cobertura de los servicios educativos y de salud. El resultado es un círculo vicioso, en el que la mala calidad de los empleos conduce tanto a un crecimiento negativo de la productividad como a una ralentización del crecimiento de la población activa. Se trata de una combinación letal para el crecimiento y el desarrollo. Honduras necesita un nuevo camino a seguir.

Un mundo cambiante exige un nuevo modelo

Para generar un crecimiento sostenido que saque a la población de la pobreza, Honduras debe construir una economía moderna y productiva en la que las empresas puedan prosperar y los trabajadores puedan acceder a buenos empleos y ganar salarios dignos. El documento ya ha mostrado por qué el crecimiento del empleo formal en empresas más grandes aumentaría los ingresos laborales, mejoraría la distribución de los ingresos y aceleraría la reducción de la pobreza.²⁰

Sin embargo, las oportunidades económicas que en su día impulsaron el modelo de crecimiento de Honduras han cambiado. El aumento del proteccionismo y los rápidos cambios tecnológicos (incluida la «cuarta revolución industrial»²¹ y la aparición de la inteligencia artificial [IA]), junto con la transición mundial hacia una economía baja en carbono, han alterado dónde y cómo pueden competir los países.²² Como resultado, el modelo que impulsó el crecimiento de Honduras a principios del siglo XXI, basado en la manufactura intensiva en mano de obra y las exportaciones agrícolas no tradicionales, ha llegado a su límite. El acelerado crecimiento de la productividad del sector manufacturero significa que, en el futuro, la manufactura representará una proporción cada vez menor de los empleos a nivel mundial. Mientras tanto, los servicios, que requieren más mano de obra y son menos susceptibles a los cambios tecnológicos que sustituyen puestos de trabajo, representarán una mayor proporción de los empleos futuros.²³

Solo se producirá una nueva fase de crecimiento económico transformador si el país aprovecha las oportunidades que se le presentan. Para revitalizar su proceso de desarrollo en este mundo cambiante, Honduras tendrá que competir en eficiencia, calidad e innovación, basándose en sus recursos, competencias y ventajas competitivas.

Oportunidades de crecimiento en una economía global en transformación

El mensaje clave de este informe es que, incluso en este mundo cambiante, Honduras sigue teniendo importantes oportunidades para expandir sus negocios y crear empleos más productivos. Existen grandes posibilidades en todos los principales sectores económicos (agricultura, industria y servicios) y en los mercados nacionales y mundiales. En los párrafos siguientes se señalan algunas de las áreas más prometedoras. El objetivo de esta sección no es presentar un plan completo, sino identificar posibilidades estratégicas que puedan explorarse en mayor profundidad y suscitar el debate sobre alternativas para que el país avance.

La expansión de la producción alimentaria, la manufactura y la construcción para los mercados locales y regionales puede impulsar la creación de empleo a medida que crecen las ciudades. Más allá de la actividad tradicional de la maquila, que sigue generando aproximadamente 150,000 empleos en 350 fábricas, Honduras necesita nuevas fuentes de crecimiento industrial, incluidos los sectores del mercado interno, como los materiales de construcción, los envases y los alimentos procesados. El procesamiento agroindustrial en Honduras ya ha demostrado su capacidad para generar empleo, añadir valor y vincular a los pequeños agricultores con las cadenas de valor. Entre los ejemplos de éxitos recientes se encuentran las empresas cafeteras integradas verticalmente, que abarcan desde la producción primaria hasta las cafeterías minoristas, y las empresas de procesamiento de alimentos que están desarrollando cadenas de suministro locales para reducir las importaciones y abastecer a los mercados nacionales y regionales. Estas experiencias apuntan a vías factibles para su replicación y ampliación.²⁴

Con Estados Unidos, el socio comercial más importante de Honduras, también puede haber oportunidades de deslocalización cercana (near-shoring). Las empresas estadounidenses buscarán cada vez más oportunidades para trasladar la producción de Asia al istmo centroamericano, tanto por razones logísticas como geopolíticas. La ubicación de Honduras y las recientes inversiones en infraestructura, en particular la finalización de la carretera del canal seco , lo posicionan bien para beneficiarse de estas tendencias.

El cambio global hacia una economía más ecológica ofrece nuevas oportunidades. El abandono de los sistemas energéticos basados en el carbono, reforzado por los cambios políticos en los principales mercados, como Europa y Asia Oriental, se está acelerando. La denominada «transición verde» crea espacio para la inversión en energías renovables. Honduras está bien posicionada para acelerar la sostenibilidad ambiental de su sistema energético, siempre que pueda abordar las deficiencias institucionales y normativas del sector eléctrico. De hacerse bien, redundaría en una energía más barata y fiable, y una menor dependencia de los combustibles importados, lo que reforzaría la competitividad general de la economía.

La adaptación al cambio climático es otra área clave para la economía futura. Honduras es uno de los países más vulnerables a eventos climáticos en el mundo, y huracanes como Eta e Iota ponen de relieve los crecientes riesgos derivados de las condiciones meteorológicas extremas. Casi el 40 % de los hondureños vive en zonas rurales, y la agricultura sigue siendo la mayor fuente de empleo para los pobres. Las explotaciones agrícolas siguen estando muy atomizadas. Los pequeños agricultores carecen de capital, y la productividad es baja. El creciente riesgo de perturbaciones climáticas es un desincentivo adicional para la inversión. Impulsar la resiliencia implicará pasar de respuestas a crisis de corto plazo hacia una adaptación a largo plazo. La agricultura necesita inversiones en diversificación de productos y en tecnologías adecuadas, como cultivos resistentes a la sequía y sistemas de riego y control de inundaciones, para mejorar la producción (y el valor agregado) por hectárea. Aquellos riesgos que no puedan mitigarse mediante cambios tecnológicos y organizativos se deberán agrupar y compartir mediante mecanismos de seguro eficaces (risk pooling).

También habrá una necesidad creciente de mitigar los riesgos relacionados con el clima en los sistemas de infraestructura y en los asentamientos urbanos. La reforma de financiamiento de la vivienda podría contribuir a mejorar la calidad del parque inmobiliario, fomentando la construcción de asentamientos bien planificados. De igual modo, podría ayudar a financiar las inversiones necesarias para proteger los asentamientos informales propensos a las inundaciones y los deslizamientos de tierra, al tiempo que se crearían puestos de trabajo y oportunidades de formación laboral.

Las industrias de servicios son otra fuente de gran potencial para el crecimiento de la productividad y la creación de mejores empleos. Como se ha señalado anteriormente, los servicios representan actualmente casi dos tercios de los empleos en Honduras, pero muchos de ellos son de muy baja calidad, lo que deja un enorme margen para mejorar la organización y la productividad, así como para propiciar el crecimiento. A medida que se amplía la conectividad electrónica, cada vez son más los servicios que pueden comercializarse internacionalmente. La externalización de procesos empresariales, el turismo y los servicios de salud para clientes extranjeros pueden aprovechar la ubicación de Honduras, su mano de obra bilingüe y la mejora de la infraestructura digital. Los servicios que no son comercializables internacionalmente también están evolucionando, y tienen un alto potencial de crecimiento de la productividad. El aumento de la demanda (vinculado tanto a las preferencias de los hogares como a la evolución demográfica) significa que los servicios de educación, salud y cuidado personal desempeñarán un papel decisivo en la economía del futuro. Esto subraya la importancia de las reformas para garantizar la calidad y la relación costo-eficacia de los servicios, especialmente cuando se utilizan recursos públicos. Los sistemas de distribución mayorista y minorista más grandes y eficientes están empezando a sustituir a los mercados tradicionales. El transporte público debe alejarse del status quo, que genera rentas cómodas para los operadores privados subvencionados y no regulados, con derechos de monopolio local, pero que ofrece servicios muy deficientes al público en general. En cambio, Honduras necesita sistemas de transporte bien regulados que ofrezcan servicios fiables, seguros y asequibles a los usuarios. Estas mejoras aumentarían la movilidad urbana, reducirían la congestión y la contaminación atmosférica y ampliarían el acceso al mercado laboral al hacer que los desplazamientos al trabajo sean menos precarios para los trabajadores hondureños. Una ventaja adicional es que muchos empleos formales en el sector de los servicios son atractivos para las mujeres con mayor nivel educativo, por lo que mejorar la calidad del empleo en los servicios contribuirá a aumentar la participación femenina en la fuerza laboral y permitirá a Honduras aprovechar los recientes avances en la educación de las niñas.

Convertir las oportunidades en crecimiento sostenido

Estos ejemplos son posibilidades, no recetas. Ilustran la gran diversidad de oportunidades para aumentar la productividad y mejorar los empleos y los ingresos en toda la economía. Convertir estas oportunidades en un crecimiento generador de empleo exigirá la coordinación entre las actividades de inversión, políticas e instituciones públicas confiables y un compromiso sostenido tanto de los responsables políticos como de los inversionistas privados.

Para tomar las decisiones correctas sobre las áreas prioritarias para la reforma de políticas, Honduras deberá tener una visión clara de cuáles son sus ventajas comparativas y qué se necesitaría para aprovecharlas. Eso requiere un análisis riguroso para identificar los sectores con alto potencial y una mirada honesta a las barreras que bloquean su desarrollo. Algunas barreras pueden ser específicas de cada sector, pero otras afectan a toda la economía. Los tomadores de decisiones enfocados en el problema de retrasos regionales también deberán evaluar las oportunidades subnacionales y apoyar la mejora de la conectividad de las regiones remotas con los grandes centros económicos. Sin embargo, independientemente de los sectores y regiones que pasen a primer plano, para impulsar un crecimiento más rápido se necesitarán alianzas público-privadas más sólidas, una mejor regulación y una base impositiva más amplia y eficiente para financiar las inversiones públicas esenciales.

Renovar la colaboración y el compromiso

El reto es difícil, pero no imposible. Honduras ya lo ha hecho antes. Hace una generación, la expansión de las exportaciones de maquila, la producción de café y las exportaciones no tradicionales, como los camarones y los melones cultivados, tuvieron éxito cuando las iniciativas del sector privado se alinearon con políticas públicas favorables. Ese mismo espíritu de colaboración es necesario ahora para ampliar y modernizar la infraestructura, mejorar el acceso al financiamiento, mejorar la regulación y desarrollar las habilidades que demandan las industrias del futuro. Honduras también necesita renovar su compromiso con las instituciones que pueden facilitar la colaboración entre el sector público y el sector privado, como lo hizo el FIDE en la década de los noventa y la primera década del siglo XXI. Asimismo, Honduras puede aprender de otras iniciativas regionales que han creado amplias coaliciones para promover la inversión y la competitividad.

Con prioridades claras y un esfuerzo compartido, Honduras puede construir una economía más productiva y sostenible que genere mejores empleos y reduzca la pobreza, transformando así su futuro social y económico.

Footnotes

1. Esta es la última clasificación de competitividad global disponible del FEM.

2. Es probable que se trate de una estimación del «límite inferior» de la desigualdad de ingresos en Honduras, ya que los datos de las encuestas de hogares no suelen identificar completamente muchos elementos de los ingresos de los hogares más ricos. El análisis de los microdatos de los registros fiscales (que tienen en cuenta los ingresos de los accionistas derivados de los beneficios no distribuidos de las empresas) sugiere que, en 2019, el 10 % más rico de los hogares hondureños recibió el 57 % de los ingresos totales; el 1 % más rico recibió el 30 %; y el 0.1 % más rico, el 20 % (Del Carmen et al. 2025).

3. El análisis de las tendencias de crecimiento a largo plazo que se presenta en esta sección abarca el período 2002-2023, a fin de excluir las perturbaciones de corto plazo relacionadas con la recuperación tras el huracán Mitch (2000-2001).

4. El ejercicio de contabilidad del crecimiento que se presenta aquí constituye una actualización del trabajo previo sobre Honduras realizado por Quijada y Sierra (2014), donde puede encontrarse una descripción completa de la metodología. El ejercicio utiliza el método de contabilidad del crecimiento de Solow (1956). Los elementos más importantes son los siguientes: se asume una función de producción Cobb-Douglas, con tecnología de tipo Hicksiana y rendimientos constantes a escala. La metodología calcula la proporción del crecimiento que no se explica por variaciones en los insumos de capital y trabajo, sino que se atribuye a desplazamientos en la función de producción. Este componente residual del crecimiento se denomina productividad total de los factores (PTF) y, en la literatura, suele referirse como el «residuo de Solow». El concepto de PTF abarca todo aquello que incide en la producción y que no se contabiliza directamente en la función de producción, incluyendo la tecnología así como el entorno económico e institucional. Entre las variables observables utilizadas para estimar la productividad, la medición del capital físico y humano requirió especial atención. La estimación del capital físico se basa en la serie de inversión de las cuentas nacionales (formación bruta de capital fijo), utilizando el método del inventario perpetuo con una tasa de depreciación del 4% (Schipke y Desruelle 2007). Las series correspondientes al número de trabajadores (L) y capital humano (H) provienen de las Penn World Tables 10.01 (Feenstra, Inklaar y Timmer 2015). Con las series de L**,** H y K, es posible estimar la contribución residual de la PTF al crecimiento. Este ejercicio se realiza para el período 1978-2024.

5. Los países de ingresos bajos y medios-bajos en rápido crecimiento tienden a presentar una elevada contribución del crecimiento de los insumos de mano de obra y capital. Sin embargo, cuando existe un desequilibrio entre la acumulación de insumos de mano de obra y capital, la PTF puede volverse negativa, lo que socava el proceso de crecimiento general. La contribución de la PTF al crecimiento tiende a ser más importante a medida que los países pasan a la categoría de ingresos medios-altos, con una intensidad de capital más cercana a los niveles óptimos. En este punto, es más probable que el crecimiento acelerado esté impulsado por el cambio tecnológico y la acumulación de capital humano que por una mayor profundización del capital físico.

6. El gigante canadiense Gildan, cuya operación centroamericana está integrada verticalmente —incluyendo la producción de textiles y su transformación en prendas de vestir—, tiene importantes plantas en Honduras y Nicaragua que se abastecen mutuamente, pero cuyo mercado final se encuentra en Norteamérica.

7. Además de tener sentido desde el punto de vista económico, ya que se basa en datos de encuestas de hogares, este indicador también tiene la ventaja de ser fácilmente observable para el conjunto de la economía y comparable a nivel internacional (ver Gasparini y Tornarolli 2009).

8. Este patrón también se refleja en una tasa de inversión total relativamente baja, con una formación bruta de capital fijo (FBKF) que ronda el 20 % del PIB, y una relación incremental capital-producto (ICOR) relativamente alta (ver posteriormente un análisis más detallado de la inversión y la acumulación de capital).

9. Es difícil encontrar datos sobre el número y el tamaño de las empresas de la economía hondureña, ya que la información utilizada para las estimaciones del PIB proviene de múltiples fuentes estadísticas y es, en su mayor parte, confidencial. Sin embargo, la encuesta anual de hogares genera datos sobre el tamaño y el sector de la empresa en la que trabaja cada persona, que pueden utilizarse para analizar la distribución de la fuerza de trabajo entre empresas de diferentes tamaños.

10. Estos datos se refieren únicamente a los empleos asalariados. Es muy probable que los empleos asalariados en las pequeñas empresas sean informales. La informalidad total es mucho mayor, ya que la mayoría de los empleos por cuenta propia (que no se recogen aquí) también son informales.

11. Otras medidas alternativas de la informalidad laboral, como la proporción de trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social, arrojan estimaciones aún más elevadas: el Gobierno de Honduras la estima en más del 80% (véase la Figura 2 en FMI [2023, 32]). Pero, sea cual sea la medida utilizada, Honduras tiene una de las tasas de informalidad más altas de América Latina y el Caribe.

12. Sobre la relación en forma de U entre el desarrollo económico y la fuerza laboral femenina, ver Becker (1985). Sobre el papel de las normas culturales en la determinación de cómo los hogares distribuyen el tiempo de los hombres y las mujeres entre las diferentes tareas, véase Boserup (1970); Alesina et al. (2013, 2018); y Evans (2015). Sobre la «disyuntiva entre honor e ingresos», ver Coen-Pirani et al. (2010); Bharati et al. (2021); y Tewari y Wang (2021).

13. La literatura empírica reciente confirma la idea de que la «intensificación del capital» (aumento de la inversión por trabajador) es un factor clave del crecimiento en los países de bajos ingresos. Por ejemplo, según Inklaar y Timmer, que trabajaron en las Penn World Tables, «... el ritmo de crecimiento de la productividad mundial ha aumentado en las últimas décadas y... la acumulación más rápida de capital por trabajador en los países pobres es el principal motor de esta evolución» (Inklaar y Timmer 2013, 3).

14. Para un análisis detallado de la sostenibilidad de la deuda de Honduras, véase el anexo en FMI (2023).

15. Para un análisis detallado del potencial que existía a principios del siglo XXI para transformar los servicios de infraestructura de Honduras mediante APP bien diseñadas, véase Banco Mundial (2003).

16. Las rentas económicas se definen como los ingresos que superan el costo de oportunidad económico de los insumos pertinentes. A menudo surgen cuando existen espacios protegidos en la economía que limitan la presión competitiva. Algunos ejemplos son los monopolios u oligopolios naturales y/o legales/administrativos. Se trata de un patrón bien conocido que puede observarse en muchas economías en desarrollo. Se analiza ampliamente en North (1990).

17. Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son un instrumento ampliamente utilizado, adoptado por numerosos gobiernos de América Latina desde la década de 1990, a menudo con el apoyo de bancos de desarrollo. Los pagos se financian con recursos fiscales generales y, por lo general, representan entre el 5% y el 15% del ingreso del hogar beneficiario. Estos programas han sido ampliamente estudiados mediante experimentos aleatorios controlados (RCTs, por sus siglas en inglés); véase Stampini et al. (2025).

18. El alto nivel de provisiones también puede ser el resultado de la estrategia de gestión fiscal de los bancos, ya que puede reducir sus ingresos imponibles.

19. Para un análisis en profundidad de los efectos perversos de los sistemas de protección social bifurcados de América Latina sobre los incentivos del mercado laboral, véase: H. Ribe, D. A. Robalino e I. Walker, From Right to Reality: Incentives, Labor Markets and the Challenge of Universal Social Protection in Latin America and the Caribbean (Banco Mundial 2012).

20. Para un análisis convincente de la sinergia positiva entre la actividad económica formal, la productividad y el crecimiento de los ingresos, así como las implicaciones negativas de la institucionalización de la atomización económica informal, véase Levy (2008).

21. Tal como lo define K. Schwab en «La cuarta revolución industrial: qué significa y cómo responder» (Foro Económico Mundial, 2016, Ginebra), https://www.weforum.org/stories/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/.

22. Para obtener una visión general reciente de las oportunidades cambiantes para las economías en desarrollo, véase Rodrik y Stiglitz (2024).

23. La IA puede sustituir algunos puestos de trabajo en el sector servicios, pero también podría mejorar la eficacia de los trabajadores poco cualificados, lo que abriría nuevas posibilidades para la economía hondureña en múltiples sectores. Para un buen análisis de los matices de la IA en la demanda de mano de obra en los países en desarrollo, véase Rodrik y Stiglitz (2024) y Autor et al. (2022).

24. El proyecto «ComRural» del Banco Mundial, que utiliza el enfoque de «alianzas productivas» para capitalizar y crear vínculos de mercado para los productores rurales, es un importante ejemplo reciente de éxito.