A mitad de año: menos impulso, más presión

El segundo trimestre cerró con señales de alivio internacional. El choque de petróleo que abrió el Radar anterior empezó a revertirse: tras la normalización de operaciones en el estrecho de Ormuz y el alto al fuego a mediados de junio, el WTI, que había superado los 110 dólares por barril en abril, se desplomó alrededor de 36% al cierre del trimestre. Aun así, las tensiones geopolíticas sostienen el riesgo de nuevos repuntes y condicionan las perspectivas de crecimiento económico para el segundo semestreNota al pie 1^[1].

El alza del petróleo dejó su marca en los precios mundiales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la inflación mundial aumente a 4.7% en 2026, interrumpiendo el descenso de los últimos años, aunque la caída del crudo hacia finales de junio atenuó parte de esta presión. En Honduras, el salto inflacionario fue de los más pronunciados en la región, mientras que el retroceso ha sido moderado (Figura 1).

En el ámbito regulatorio, Estados Unidos endureció el entorno para los migrantes. La Orden Ejecutiva 14406 ordena a las instituciones financieras a considerar el estatus migratorio y autorizaciones de trabajo como factores de riesgo financiero. En paralelo, el fallo de la Corte Suprema sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) cierra la vía para litigar la cancelación del TPS hondureñoNota al pie 2^[2]. Ambas medidas presionan el flujo de remesas, la principal fuente de divisas del país, y el fin del TPS añade el desafío de reinsertar migrantes retornados.

La vulnerabilidad climática se mantiene y apunta a agravarse. Honduras figura en la tercera posición del ranking global de riesgo climático y, hacia finales de 2026, se prevé con un 90% de probabilidad la intensificación del fenómeno de El NiñoNota al pie 3^[3]. En el Corredor Seco, El Niño tiene historial de provocar sequías prolongadas y retrasos en la temporada de lluvias, elevando el riesgo de crisis alimentaria en el occidenteNota al pie 4^[4]del país y empujando al alza los precios nacionales de alimentos y la energíaNota al pie 5^[5].

En conjunto, el escenario externo entra al segundo semestre con un frente que dio muestras de tregua y varios donde emerge la tensión: la incertidumbre geopolítica, la presión migratoria y los fenómenos naturales. Ninguno depende del país, y todos condicionan su futuro.

La economía del país siguió creciendo en el primer trimestre de 2026, aunque a menor velocidad: 3.6% interanualNota al pie 6^[6], frente al 4.3% de un año atrás. El dato permanece dentro de los rangos habituales de la economía hondureña, pero su composición merece una mirada más atenta.

Por el lado del gasto, el consumo continuó siendo fundamental, específicamente el privado, alimentado por un flujo de remesas que alcanzó en 2025 casi un tercio del PIB. La nota más alentadora vino de la formación bruta de capitalNota al pie 7^[7], que contribuyó con 4.5 puntos porcentuales (pp) al crecimiento interanual del PIB en el primer trimestre de 2026, sostenida por una mayor inversión pública más la acumulación de inventarios (BCH, 2026a). En contraste, el consumo público cayó restando 1.8 pp con el presupuesto aprobado apenas en abril y el balance externo empujó a la baja por importaciones que crecieron en volumen más que las exportaciones restando 3.5 pp en una dinámica que marca diferencias con el arranque del año anterior (Figura 2).

En cuanto al PIB por actividad productiva, el mayor empuje, como ha sido costumbre, vino de la intermediación financiera (12.1% interanual)Nota al pie 8^[8], que por sí sola explicó cerca del 90% del crecimiento interanual. Por detrás quedaron sectores con mayor peso en el empleo como comercio (5.0%), agricultura (4.2%) e industriaNota al pie 9^[9] (2.8%) con resultados positivos pero mucho más modestos.

El dato trimestral del PIB llega hasta marzo; para leer el pulso más reciente conviene mirar una medida de mayor frecuencia, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)Nota al pie 10^[10], disponible hasta mayo. La lectura tiene dos caras. La variación acumulada a ese mes fue de 3.3% frente al mismo periodo de 2025, en línea con el dato del PIB trimestral. Pero la serie original puede ser volátil de un mes a otro —creció 5.7% interanual en marzo y 1.8% en mayo— así que conviene guiarse por la tendencia-cicloNota al pie 11^[11], que suaviza ese ruido. Y esa medida confirma las sospechas: se desaceleró por sexto mes consecutivo, de 4.5% en diciembre de 2025 a 2.1% en mayo (Figura 3).

Esta pérdida de dinamismo pone en duda las lecturas más optimistas de cara a los meses venideros. No sorprende que las proyecciones de crecimiento para 2026 se hayan revisado a la baja: el FMI recortó el crecimiento a 3.3% (desde 3.8%) y Banco Mundial a 3.4%. Ese registro deja a Honduras por debajo del promedio centroamericano (3.6%) y entre las economías de menor dinamismo del istmoNota al pie 12^[12], una lectura que los datos observados en el Radar anterior ya insinuaban.

El país sigue creciendo, pero sobre una base aún dependiente y en un entorno donde se avizoran nuevos retos. El repunte de la formación bruta de capital es una señal favorable; que se consolide como inversión productiva de forma sostenida y no como un impulso pasajero es el reto pendiente.

Entre abril y junio de 2026 la vida se encareció más rápido que a inicios de año. La inflación interanual llegó a 5.83% en junio, superando el rango de toleranciaNota al pie 13^[13] por tercer mes consecutivo (Figura 4). La buena noticia es que el impulso inflacionario se enfrió. Los precios incrementaron apenas un 0.18% entre mayo y junio de 2026 un indicativo de que el ritmo parece estabilizarse.

El hilo conductor sigue siendo el mismo que señalamos el trimestre pasado: el combustible; lo nuevo es la magnitud de la primera vueltaNota al pie 14^[14]. Como se menciona en el contexto internacional de este Radar, la subida de los precios del crudo impactó al mundo. Para Honduras este impacto entró por la puerta de los productos transablesNota al pie 15^[15]: en mayo, aportaron 4.26 de los 6.09 puntos de inflación de ese mes, cerca del 70%. El transporte recibió el golpe de forma directa creciendo 17% interanual ese mismo mes, suficiente por sí solo para explicar cerca de la mitad de la inflación del segundo trimestre (Figura 5).

Ese golpe no llegó completo al bolsillo de la población, porque el Estado absorbió una parteNota al pie 16^[16]. A mayo se destinaron 661.2 millones de lempiras en subsidios a la energía y combustiblesNota al pie 17^[17]. Pero el gobierno de Honduras ya cuenta con un margen estrecho en sus finanzas y amortiguar estos golpes alivia un costo temporal, aunque deja un costo permanente.

Además el alivio es parcial. Lo que se subsidió en el transporte ya reapareció para la tarifa eléctrica de julio que subió 12.5%. Y ese ajuste ni siquiera cubrió todo el incremento que correspondía porque el costo era casi el doble, y la diferencia quedó pendiente para futuros trimestresNota al pie 18^[18]. La propagación que anticipábamos en el Radar anterior se confirma, y la dependencia del sector energético hondureño en fuentes térmicas deja cuentas por cobrar (Tabla 1).

En este contexto, las proyecciones del FMI anticipan que la inflación del país cerrará en 5.7%, todavía por encima del rango de tolerancia, y que no convergerá a 4% hasta finales de 2028. El choque de combustibles se ha expresado en los sectores de primera vuelta: transporte y energía. Queda por observar su efecto sobre los precios de los sectores que dependen de estos insumos.

Mientras la inflación se salió de la banda de tolerancia, el BCH ha mantenido inmóvil su tasa de política monetaria (TPM) en 5.75% por 18 meses consecutivos. No la subió porque el cambio abrupto de precios vino del combustible, un golpe de afuera que no se corrige elevando el costo del crédito. Tampoco la bajó porque debe mantenerse por encima de la de Estados Unidos, hoy 225 puntos base arriba, así el ahorro en lempiras rinde más que en dólares y se protejan las Reservas Internacionales Netas (RIN)Nota al pie 19^[19].

Aun con la TPM quieta, pedir prestado se volvió más barato: el interés de un préstamo nuevo en lempiras bajó a 12.3% en junio de 2026, desde casi 16% un año atrás. La razón no fue el precio del dinero, sino su cantidadNota al pie 20^[20]. Al país entró una corriente de dólares en remesas absorbidas por el sistema financiero. Esto engrosó los depósitos en la banca creciendo 12.9% en el año y reactivó el créditoNota al pie 21^[21], empujado por las empresas, 10.1% interanual, más que por los hogares con 3.3% interanual (BCH, 2026c).

Pero el beneficio no fue parejo. La liquidez abarató el crédito, pero benefició más al banco que al ahorrante, cuyos depósitos rinden cada vez menos: la tasa de los depósitos en lempiras se desplomó de 11.41% a 6.9% en un año, y el margen de intermediación bancaria subió a 5.4% (Figura 6).

El engranaje del sistema financiero arranca en el mercado cambiario administrado por el Banco Central. Por ahora a Honduras entran más dólares —en remesas y exportaciones— de los que demanda el interior. Sin intervención, ese excedente apreciaría el lempira; para evitarlo, el BCH compra ese excedente de dólares —1,606 millones de dólares netos en 2026 — y paga con lempiras al sistema financiero, aumentando los fondos disponibles para prestar mientras el tipo de cambio se deprecia un 1.37% conforme a la trayectoria planificada. Luego el BCH extrae parte de esos lempiras — vendiendo Letras y Bonos, cuyo saldo alcanza 71,887 millones de lempiras pagando una tasa de interés promedio de 5.75%— por su efecto inflacionario y no por el tipo de cambioNota al pie 22^[22]. Este proceso de inyección y extracción de dinero disponible se denomina esterilización.

El mecanismo explica la aparente contradicción de esta sección: la TPM no se movió, pero las tasas bancarias al público sí bajaron. El cambio respondió a una mayor disponibilidad de lempiras, es decir, más liquidez. También revela su fragilidad: si se frenan las remesas o caen las exportaciones, habría menos dólares, reservas y lempiras para prestar. El crédito podría encarecerse nuevamente y el BCH tendría que elegir entre sostener las reservas, contener la inflación o preservar la liquidez.

El comercio y las divisas que dinamizaron a la economía en 2025 muestran un desempeño desigual: el café aguanta, mientras las remesas se desaceleran y la maquila profundiza su caída. En el lado positivo, las exportaciones de café acumularon 1,675 millones de dólares entre enero y mayo, 8% más que un año antes (Figura 7). A diferencia del año pasado, el avance vino de un mayor volumen exportado (24.6%)Nota al pie 23^[23] que compensó la caída de 13.3% en el precio internacional (Figura 8), que ya acumula cinco meses a la bajaNota al pie 24^[24].

Pero la bonanza da señales de agotamiento: las mercancías generalesNota al pie 25^[25] crecieron 12% a mayo, menos de la mitad de un año antes, y la maquila profundizó su caída ante un escenario de menor demanda e incertidumbre arancelariaNota al pie 26^[26], de -1.4% a -8.2%, lo que abonó a un déficit comercial de 2,975 millones de dólares (12.8% más alto que en mayo de 2025).

La Inversión Extranjera Directa (IED) sigue descansando principalmente en la reinversión de utilidades, más que en la entrada de capital nuevo. En el primer trimestre sumó 213.4 millones de dólares, 27% menos que un año antes. Las actividades que más contribuyeron a la IED fueron la intermediación financiera (156 millones de dólares) y comercio, restaurantes y hoteles (92 millones de dólares), mientras que la maquila registró un saldo negativo de 140 millones de dólares, asociado en buena medida a exportaciones aún pendientes de cobro y no necesariamente a una salida de inversión.

El pilar más importante, las remesas, también pierde tracción. Entre enero y junio sumaron 6,515 millones de dólares, 12.3% más que en 2025 (Figura 9). El aumento sigue siendo considerable, pero el ritmo se enfría cada mes: 12.3% en abril, 9.9% en mayo y 8.7% en junio. En línea con esa trayectoria, el BCH y el FMI prevén una desaceleración hacia el cierre del añoNota al pie 27^[27]. A ello se suma el efecto a futuro de la Orden Ejecutiva 14406 sobre el sistema financiero y la cancelación del TPS que revisamos en la sección internacional.

Ante este escenario, una desaceleración sostenida de las remesas no sería un problema solo de ingresos o de liquidez. Estas transferencias sostienen el consumo de al menos una cuarta parte de los hogares, sobre todo los de menores ingresosNota al pie 28^[28], aportan divisas al sistema y operan, en la práctica, como una red de protección social en el país. Si a ello se suma el retorno de migrantes, la presión recaería sobre un mercado laboral que no está listo para absorberlos.

Con exportaciones que se moderan e importaciones al alza por combustibles, el BCH prevé un regreso al déficit en la cuenta corriente tras el superávit de 2025. El FMI lo cuantifica en 2.7% del PIB para 2026 y hasta 3.9% a mediano plazo, conforme las remesas se moderen. El regreso al déficit no es más que la normalización de un superávit efímero, y por ahora, las reservas internacionales respaldan la posición externa.

El sector eléctrico llega al segundo trimestre atrapado en un círculo vicioso que consume recursos públicos en lugar de contribuir. La ENEE arrastra una deuda superior a 4,500 millones de dólares —cerca del 11% del PIB— (Figura 10) y pierde alrededor del 38% de la energía que ingresa al sistema, entre fallas técnicas y energía que no se cobra; esa porción no facturada equivale a unos 500 millones de dólares al año, aproximadamente un 1.3% del PIB.

El costo no es solo fiscal, se traslada a toda la economía. En 2025 un usuario promedio pasó casi siete días completos sin electricidad, repartidos en unas 82 interrupciones a lo largo del año. Las empresas cargan un sobrecosto de 16% a 21% en relación con Guatemala y El Salvador, afectando el atractivo competitivo de Honduras en la región y cerca de 830 mil hondureños siguen sin servicio, principalmente aquellos ubicados en zonas rurales y estratos de menores ingresos (Sendas, 2026).

Sobre ese telón de fondo se fueron acumulando los hechos que marcaron el período. El Gobierno focalizó el subsidio con 600 mil abonados que volvieron a ser sujetos de cobro y la CREE aprobó un ajuste tarifario a la alza de 12.5% para el tercer trimestre, en respuesta al alza mundial de precios. La ENEE, por su parte, colocó bonos por 5,368 millones de lempiras a tasas de entre 11.05% y 13.50%, principalmente para saldar su deuda con los generadores: una operación que compra tiempo, aunque cambia una deuda por otraNota al pie 29^[29] y que además compite con las operaciones del BCH y carga al sector fiscal. Mientras el sector eléctrico contagia a todo el sistema, la reforma de la ENEE aun aguarda. A inicios de junio el Ejecutivo llevó al Congreso el anteproyecto de ley que reordena el sector: escinde la ENEE en tres sociedades y crea un Operador del Sistema y del Mercado, con respaldo de organismos multilaterales y de Estados Unidos.

Sin embargo, el proyecto, no alcanzó los 65 votos necesarios y el pleno suspendió la discusión, que se reprogramó sin claridad sobre el contenido final ni certeza sobre su aprobación.

El sector eléctrico resume uno de los principales dilemas del país: un problema conocido y costoso, tanto para las finanzas públicas como para hogares y empresas, frente a una reforma que muchos reconocen como necesaria, pero que no termina de ocurrir. No actuar ante el problema tiene un costo muy alto que pagan múltiples sectores, y hacerlo de manera parcial no garantiza una solución sostenibleNota al pie 30^[30]. El reto, como decimos en nuestra nota de política, no está solo en aprobar una ley, sino en ejecutar una reforma completa: sanear la deuda y las pérdidas, garantizar continuidad del suministro y promover nuevas inversiones y competencia, blindar la gestión a la interferencia política y fijar una ruta con un liderazgo contundente.

Las cuentas públicas se mantienen en orden: superávit, deuda estable y el mejor riesgo país en años. Para abril, la Administración CentralNota al pie 31^[31] registró un superávit global de 1.8% del PIB (2.4% el SPNFNota al pie 32^[32]), por encima del 0.6% de un año atrás, sostenido por una recaudación estable (cerca del 5.9% del PIB) y por el ancla de déficit de 1% del SPNF que reafirma el Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) 2027-2030.

La deuda pública cerró mayo en 46.4% del PIB, casi idéntica al nivel de 2025 y repartida casi por mitades entre deuda interna y externa. Lo anterior es consistente con que los bonos soberanos ahora representan un 23.5% del saldo total, indicando una transición hacia un financiamiento más dependiente de los mercados internacionales.

La ejecución, en cambio, avanza más despacio de lo habitual. A mayo alcanzó 28.6% del presupuesto vigente, por debajo del promedio de 30.6% registrado en el período 2022-2025 (Figura 11). Detrás de ese porcentaje, sin embargo, hay una recomposición reveladoraNota al pie 33^[33]: las líneas asociadas a construcción, infraestructura y equipo se ejecutaron por encima del promedio de los últimos cuatro años de 11.5% a 22.3%, mientras las remuneraciones se mantienen estables y las transferencias y el servicio de la deuda quedan rezagados (Figura 12).

El principal riesgo estructural de mediano plazo sigue siendo la ENEE, cuyos requerimientos de financiamiento recaen sobre el gobierno central. El MMFMP proyecta necesidades para la empresa de 9,833 millones de lempiras en 2026 (0.9% del PIB) y entre 8,300 y 8,800 (0.7% del PIB) millones de lempiras entre 2027 y 2030, que se cubrirían con endeudamiento garantizado por el gobierno.

Junto a ese costo estructural, el Estado enfrenta pasivos contingentesNota al pie 34^[34] por litigios nacionales e internacionales en su contra. Según la SEFIN, al cierre de 2025 se registraban más de 28,000 procesos judiciales activosNota al pie 35^[35], con una exposición máximaNota al pie 36^[36] estimada en 42.1% del PIB y un pasivo contingente —ya ponderado por la probabilidad de pérdida— de 30% del PIB. La mayoría corresponde a demandas laborales, aunque también incluyen arbitrajes internacionales y disputas contractuales. Con todo, son pasivos potenciales, no deuda cierta: solo se concretarían si el Estado pierde esos litigios. A ello se añade, a menor escala y en el corto plazo, el subsidio a los combustibles, que amenaza con rebasar su asignación inicial y podría presionar las finanzas públicas en los próximos meses.

A pesar de los riesgos identificados, las condiciones externas mejoraron y facilitaron el acceso a financiamiento. El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI)Nota al pie 37^[37] cayó a 167 puntos básicos, uno de los niveles más bajos registrados y significativamente inferior al promedio latinoamericano (251 pb) (Figura 13) y Standard & Poor's elevó la perspectiva soberana de negativa a estable. Ese mejor perfil se reflejó en el mercado: en julio el país emitió un bono soberanoNota al pie 38^[38] por 815.7 millones de dólares a una tasa de 6.4%, frente al 8.6% de la colocación realizada en 2024.

El FMI dio su aval al país al completar las revisiones cuarta y quinta del programaNota al pie 39^[39], con acceso a 242 millones de dólares (725 millones de dólares acumulados). Más allá del monto, aprobar una revisión funciona como un sello de disciplina macroeconómica: confirma que el país cumple lo pactado, da señales favorables de cara a nuevos financiamientos y ofrece confianza a inversionistas internacionales y a otros organismos multilaterales. De los criterios evaluadosNota al pie 40^[40], el único que no se alcanzó fue el de los pagos atrasados de la ENEE, que recibió una dispensa. La mejora del EMBI se encuentra posiblemente sustentada en la continuidad de este programa, la acumulación de reservas internacionales, el mantenimiento de una política fiscal prudente y el fortalecimiento de la liquidez externa.

En el frente regulatorio, el Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, que ordena crear un registro —a cargo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS)— con los dueños reales de las empresas y estructuras legales que operan en el país; en otras palabras, permite saber quién está detrás de cada sociedad. La medida cumple dos recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)Nota al pie 41^[41] sobre transparencia de la propiedadNota al pie 42^[42] y forma parte de los compromisos con el FMI. Sobre todo, reduce el riesgo de que Honduras entre a la "lista gris"Nota al pie 43^[43], justo en un año en que el organismo evalúa al país. En contraste, la adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aprobada a inicios de año por el Ejecutivo, sigue pendiente del aval legislativo.

En conjunto, el trimestre sumó indicios institucionales favorables, resta por evaluar si estas percepciones se materializan en algo más que buenas señales.

El segundo trimestre revela una economía con retos concretos: crece con menos fuerza, la inflación sigue fuera de rango y el sector externo que sostuvo el 2025 se debilita.

Sobre ese cuadro conviven riesgos y oportunidades. Entre los riesgos, unos son coyunturales —moderación de las remesas y un entorno migratorio, geopolítico y climático más adverso— y otros son estructurales, encabezados por una ENEE cuyo mal funcionamiento encarece la producción, resta confiabilidad al suministro y drena recursos públicos. Entre las oportunidades, el riesgo país en mínimos, el programa con el FMI y los avances ante el GAFI son señales capaces de atraer el capital que hoy escasea.

El resultado de los próximos meses dependerá de cómo se combinen esos frentes; y, sobre todo, de si las señales favorables se traducen en hechos mientras las condiciones acompañan.

Para el segundo semestre conviene seguir de cerca:

• El fenómeno de El Niño y su impacto sobre la agricultura, los precios y la seguridad alimentaria.
• La evolución del sector externo, ante la caída de algunos precios de exportación, el aumento del costo de las importaciones, la incertidumbre arancelaria y las tensiones geopolíticas.
• La trayectoria de las remesas y los retornos migratorios, ante los cambios regulatorios en Estados Unidos.
• La transmisión del alza de combustibles a la tarifa eléctrica y al resto de los precios, junto con el costo fiscal de los subsidios.
• La capacidad de convertir mejores condiciones financieras en inversión y reformas, especialmente en el sector eléctrico.